Los sindicatos reclaman una regulación de las viviendas turísticas en España

En un comunicado, el sindicato señala que para consolidar los buenos datos turísticos es « imprescindible » regular la oferta mediante un pacto entre el Gobierno central, los gobiernos autonómicos, las asociaciones empresariales y los sindicatos.

Para CC.OO. una de las consecuencias de la existencia de oferta no reglada es la competencia desleal, ya que los establecimientos regulados deben cumplir ciertos estándares de calidad , pagar los impuestos pertinentes o aplicar los convenios colectivos correspondientes a sus trabajadores.

Por ello, pide que se refuerce la actuación inspectora de turismo para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y que se detecte «los servicios turísticos clandestinos» , actuando sobre ellos en base a la Ley.

En esta línea, recuerda que se requieren más inspectores y más medios, ya que reforzar la Inspección de Trabajo es «la única manera de eliminar la lacra del empleo sumergido y de la precaridad laboral en todas sus vertientes».

«Sin profesionales que trabajen en ella no es posible que exista una industria turística de calidad», defiende CC.OO., que asegura que los dos principales escollos para que el sector turístico alcance los estándares de calidad óptimos son la precariedad laboral y la economía sumergida.

Las comunidades autónomas, con competencias en materia de turismo, pueden legislar sobre esta cuestión tras modificarse la Ley de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado del Alquiler , que limita el arrendamiento de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos por parte de particulares , al vincular la regulación de este tipo de alojamientos a la legislación turística.

Las normativas vigentes en España para la oferta de alquiler de viviendas de uso turístico salvo en Baleares y Canarias son bastante dispares, aunque la mayoría coinciden en la inscripción de un registro, un teléfono 24 horas y la prohibición de alquilar habitaciones sueltas.

Alquilar habitaciones sueltas está prohibido expresamente en la normativa al respecto de las seis comunidades que han regulado este fenómeno de viviendas para uso turístico.

La mayoría de CCAA -Cataluña, Andalucía, Aragón y Canarias, entre ellas- obliga a registrar o dar de alta los inmuebles en el organismo turístico competente o en uno específico creado para ellas, que implica cumplir una serie de requisitos y condiciones específicas por parte del propietario y tramitar una licencia que le permita destinar el inmueble a este fin.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado una mayor libertad de acceso al mercado viviendas de uso turístico tras la llegada de servicios como Airbnb , eliminando cualquier tipo de moratoria en la autorización de nuevas viviendas turísticas, suprimiendo su inscripción y eliminando requisitos de estancias.