Sánchez quiere subir impuestos a alcohol y tabaco, eliminar módulos y bajar a la mitad la economía 'en B'

Junto a ello, el plan del Ejecutivo es que la economía fuera del radar oficial, ahora en el 20% del PIB según el documento, sea del 15% en 2030, del 12% en 2040 y del 10% en 2050, una senda pensada, en palabras del Ejecutivo para «reducir el fraude fiscal y el peso de la economía sumergida h asta situarlo, al menos, en línea con el de los países más avanzados de la UE-8 ». Para ello, plantea reforzar los efectivos de la Agencia Tributaria y explotar las posibilidades del 'Big Data'.

En cuanto a la convergencia en recaudación tributaria con la UE y la lucha contra el cambio climático, el Ejecutivo plantea crear un nuevo impuesto sobre el uso medio real del vehículo en sustitución de otras figuras fiscales actuales como el impuesto de matriculación. «Se propone pasar de las actuales figuras fiscales sobre la compra, circulación y combustibles, a un impuesto sobre el uso medido real del vehículo que tenga en cuenta sus características: su peso, su potencia, sus emisiones de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero», incide el informe.

Una gabela de nuevo cuño que el Ejecutivo ya avanzaba en el Plan de Recuperación . Precisamente, la Fundación Alternativas ya proponía en 2019 los «impuestos sobre el uso del vehículo» , con «tipos impositivos variables en función de la localización, el momento del día y el tipo de vehículo».

También abre la puerta a subir los impuestos de diésel y gasolina, al señalar como una de las prioridades « elevar progresivamente los tipos impositivos sobre el consumo de diésel y gasolina hasta que ambos se equiparen al tipo impositivo medio de la gasolina en la UE-8». Para ello, proyecta «un esquema que anticipe y aborde los efectos sobre la actividad económica y la distribución de renta y un mecanismo que ajuste periódicamente los tipos impositivos en función de la inflación ».

Pero no es el único incremento fiscal que contiene el documento de más de 600 páginas. Otra de sus líneas rojas es «modificar los impuestos especiales, elevando los tipos de gravamen sobre bebidas alcohólicas, tabaco y combustibles derivados del petróleo hasta converger con los establecidos en los principales países de la UE».

También plantea el Gobierno una profunda reforma del sistema tributario, denunciando que « en España, las personas más pobres pagan más impuestos (en términos relativos a sus ingresos) que las de clase media, un efecto que también se da en otros países como Reino Unido o Irlanda, y que se debe fundamentalmente al efecto de las cotizaciones sociales y los impuestos indirectos». Para corregir esta situación propone medidas como acabar con el sistema de módulos en el que ahora están 400.000 autónomos.

«Desde un criterio de equidad horizontal, los actuales sistemas de estimación objetiva por módulos o coeficientes en el IRPF, que no cuentan con equivalentes en los países de referencia, deberían transitar hacia sistemas de tributación basados en los ingresos reales, manteniendo la simplicidad y facilidad de gestión que suponen. La digitalización de la gestión tributaria puede contribuir a este objetivo», sentencia el plan. El fin del régimen de módulos para ir de manera gradual hacia un sistema de ingresos reales era una meta largamente perseguida por el Ministerio de Hacienda que aparcó con la pandemia.

Otro de sus pilares consiste en abordar la tributación patrimonial para aprobar una armonización de Patrimonio y Sucesiones. «La falta de coordinación entre las distintas comunidades autónomas, así como los beneficios fiscales introducidos por estas, limitan, sin embargo, notablemente su alcance», sostiene el documento que, a continuación, critica la competencia fiscal entre regiones.

«Debe replantearse el papel del impuesto sobre el patrimonio y del impuesto de sucesiones y donaciones en las haciendas autonómicas para evitar estrategias de competencia fiscal indeseables , las cuales minan el alcance recaudatorio y progresivo de estos impuestos y el principio de igualdad que rige en nuestro país», abunda. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha tildado de «dumping fiscal» la bonificación de Patrimonio que hace Madrid, del 100% , por lo que pretende aprobar una armonización.

De hecho, el documento culpa parcialmente a las diferencias fiscales entre comunidades de la despoblación . «Otros factores que han podido acentuar el desigual reparto de la población en el territorio y el auge de la suburbanización durante las últimas décadas son las diferencias fiscales entre comunidades autónomas , la complejidad del marco jurídico y normativo, y la ausencia de una política territorial coordinada. El primer aspecto habría influenciado en la ubicación de recursos productivos y sedes sociales de empresas . Por su parte, la pluralidad legislativa habría limitado la creación de sinergias en el reparto de las infraestructuras y los recursos, afectando así a la distribución de la población en el territorio», sostiene.

«El mundo cambia y nuestro estado de bienestar debe cambiar con él. Por ello, conviene que España estudie, debata y evalúe nuevos mecanismos de protección colectiva que ayuden a ampliar o reforzar los actuales». Así comienza el Gobierno a plantear una idea embrionaria para ' regalar ' dinero a los jóvenes cuando cumplan determinada edad para que puedan adquirir una vivienda o montar un negocio, tal como viene recogido en la estrategia 'España 2050'.

Técnicamente a esto se lo conoce como « herencia pública universal » en el documento dado a conocer por el Ejecutivo esta mañana en Madrid. «Una dotación económica que todos los jóvenes del país recibirían una vez alcanzada una cierta edad. Esta dotación podría usarse para adquirir la primera vivienda, financiar la creación de un negocio, o completar la formación», señala.