Sánchez prepara una inyección de liquidez a pymes y autónomos para evitar quiebras

Para mitigar los efectos sobre la economía el Gobierno prepara una inyección de liquidez a pymes y autónomos . Una batería de medidas económicas y laborales para potenciar la respuesta del sector público ante el parón de la actividad por el coronavirus. El objetivo prioritario son los trabajadores y las empresas afectadas por la crisis. Sobre la mesa esta aliviar los costes laborales de los pequeños negocios en un momento de caída drástica de la facturación y se debate sobre la supresión del pago de las cotizaciones mientras dure la alerta sanitaria.

Otra de las patas que tendrá este plan de choque es una reformulación de las condiciones de despido . Para evitar las extinciones masivas se trabaja en fórmulas para flexibilizar los ERTE y se considerará que existe «fuerza mayor temporal» . Este nuevo escenario permitirá aplicar reducciones de jornada a los trabajadores entre el 10% y el 60%, tramitar ajustes de plantilla rápidos en cinco días y que sea el Estado el que corra con los gastos del desempleo.

Las exigencias planteadas por Pablo Iglesias a Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros del pasado sábado reclamaban un plan ambicioso que no escatime estímulos con una fuerte dotación económica para hacer frente a la paralización económica y laboral. En línea con esta petición se perfila una iniciativa que permita proteger a los trabajadores con menores rentas que sean despedidos, para los que se prevé que accedan a una prestación por paro aunque no hayan cumplido el periodo mínimo de cotización exigido. Los trabajadores que perciban el subsidio de desempleo recibirán un 100% de esta ayuda y no se les descontaría el periodo de derecho acumulado, mientras se mantenga el estado de alarma.

Durante este periodo está en estudio suspender de cotización a los autónomos dado que sin ingresos no van a poder hacer frente los pagos y tendrán que destruir empleo. Además se garantizará la prestación por cese de actividad, el paro de los autónomos. Una obligación legal cuando concurren causas de fuerza mayor para tener que parar la actividad, como ocurre en estos momentos.

El Ministerio de Economía trabaja también en líneas de liquidez a cargo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para empresas con condiciones muy ventajosas que pueden alcanzar una potencia máxima de hasta 50.000 millones de euros, aunque el departamento está perfilando el detalle y la cifra irá adaptándose a la gravedad económica y las necesidades empresariales. En concreto, y según las fuentes consultadas, se lanzarán inicialmente 20.000 millones ampliables a 50.000, dinero que aportan los bancos privados con el aval o garantía del Estado a través del ICO.

Se trataría de ofrecer un tipo de interés muy reducido y un plazo de devolución flexible , de acuerdo a la evolución de la crisis y de la propia actividad económica del solicitante, con refinanciaciones continuas. La idea es que sean líneas ágiles que se vayan adaptando según evolucione la coyuntura y así capear los trimestres de parón de la economía que vendrán.

Junto a ello, el Ministerio de Hacienda incluirá una relajación de los plazos de los procedimientos tributarios mientras dure el estado de alarma, que asegure la ampliación del aplazamiento de impuestos mientras dure la crisis. Sumado al impacto de 14.000 millones que el Gobierno calculaba para el aplazamiento de pago de impuestos para pymes y autónomos que aprobó el jueves pasado, y con las nuevas medidas de financiación, el Ejecutivo calcula que insuflará 75.000 millones de liquidez a la economía.

Un paquete que depende fuertemente de los movimientos que llegan del resto de gobiernos europeos y de Bruselas: mañana el presidente Pedro Sánchez, tras el Consejo de Ministros, se verá las caras por videoconferencia con el resto de mandatarios continentales en un Consejo Europeo que arrancará a las 17:00 horas.

El Gobierno también cuenta con fondos continentales para terminar de alicatar el plan de choque público contra el impacto de la epidemia . Entre ellos, los anunciados por la Comisión Europea la semana pasada, además de préstamos adicionales del Banco Europeo de Inversiones (BEI) a empresas. El tablero de juego está en el seno del propio Gobierno, pero la partida también se juega con el resto de países europeos.