Riesgo, incertidumbre e inversiones exteriores

Recordábamos en una de nuestras declaraciones públicas cuánto ha beneficiado históricamente a Cataluña , una de las regiones más prósperas de Europa, pertenecer a España y a la Unión Europea, y cómo este beneficio ha sido mutuo. Recordábamos también el caso de Quebec, que en los últimos treinta años, tras dos referéndums perdidos, se ha dejado una parte significativa de su PIB debido a las deslocalizaciones de empresas preocupadas por el independentismo que nunca regresaron.

La Administración autonómica catalana lleva ya años bloqueada, concentrada solo en el proceso independentista y destinando los recursos públicos de los ciudadanos a iniciativas que poco tienen que ver con los problemas económicos que preocupan a la mayoría. Y esto no sale gratis.

El impacto de la gestión política sobre la actividad económica no es siempre inmediato, sino que generalmente se aprecia mejor con el paso del tiempo. De esta forma, los últimos datos del registro de inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo reflejan una importante caída de la inversión extranjera bruta en Cataluña en 2018, coincidiendo con el primer año del gobierno de Quim Torra, que se suma a otra de mayor entidad que ya se había registrado en 2017. Estos datos son especialmente significativos y preocupantes en términos relativos, al compararlos con la evolución de estos flujos en el conjunto de España y en la Comunidad de Madrid, en donde crecen de manera rápida y sostenida. El reducido volumen de inversión extranjera que llegó a Cataluña el año pasado sitúa su cuota en mínimos históricos, escasamente consistentes con el elevado peso que representa en la economía española, una quinta parte del PIB.

Los datos reflejan el considerable impacto que tiene la incertidumbre sobre las decisiones de inversión de los operadores económicos a nivel nacional e internacional. La desconfianza en las instituciones , sobre todo cuando transgreden las reglas del juego constitucional, y la percepción de riesgo por inestabilidad jurídica son decisivas ante la toma de decisiones empresariales con perspectiva de medio y largo plazo. Y más en un momento como el actual, en que la incertidumbre ha alcanzado cotas tan elevadas a nivel global que está ya afectando al crecimiento mundial.

En estas circunstancias, la acción exterior de la Generalitat se centra en internacionalizar el proceso independentista y no en la tarea, ahora complicada, de promover la inversión extranjera. A pesar de ello, las empresas catalanas continúan esforzándose en ser más competitivas, crecer, exportar y crear empleo en circunstancias poco favorables, tratando de soslayar las dificultades a través de una creciente desconexión de la realidad empresarial con el entorno institucional y la coyuntura política.

Mientras asistimos a la caótica experiencia del Brexit y al desconcierto de los ciudadanos británicos ante los cuantiosos costes que su propio gobierno estima que supondría su separación de la Unión Europea, la hoja de ruta trazada por los dirigentes independentistas catalanes conduce, inexorablemente, a un deterioro progresivo de la convivencia y del entorno de negocios que terminará traduciéndose en menores tasas de crecimiento y creación de empleo.

La huida de cerca de 5.500 empresas que han trasladado sus sedes fuera de Cataluña ante la incertidumbre generada por el proceso fue un primer indicador. Los datos van constatando las consecuencias de esa política que, deslumbrada por perseguir un sólo objetivo, desatiende los múltiples desafíos actuales que nos permitirían evolucionar hacia un modelo de crecimiento más competitivo, sostenible e integrador que garantice el bienestar de los ciudadanos.

Alfredo Bonet es secretario general del Círculo de Empresarios