Todo lo que debes saber sobre el nuevo mercado de trabajo

La reforma generaliza el contrato de fomento del empleo estable con 33 días de indemnización y acaba con el ordinario de 45 días. Los derechos adquiridos están garantizados... pero hasta la entrada en vigor de la norma. Así, se contabilizarán esos 45 días de indemnización para el trabajador que tenga estas condiciones hasta la entrada en vigor de la reforma; a partir de ahí el coste de la extinción se comenzará a calcular con 33 días por año con un tope de 24 mensualidades.

La reforma del Gobierno también facilita los despidos objetivos con 20 días de indemnización tras aclarar unas causas económicas hasta ahora farragosas. Así, las empresas que hayan encadenado tres trimestres consecutivos de caída de ingresos o ventas podrán acogerse a esta forma de despido. Además se elimina la autorización administrativa previa para que una empresa pueda realizar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). Hasta ahora las compañías que querían aplicar un ERE debían pactar con el comité de empresa para conseguir el visto bueno de la autoridad, lo que provocaba mayores indemnizaciones como alternativa a un bloqueo de las negociaciones. A partir de ahora este trámite no será necesario, en línea con el resto de nuestros competidores europeos.

También se abre la posibilidad de que los organismos públicos invoquen causas «económicas, técnicas, organizativas y de producción» para ejecutar el despido, con la intención de reducir el tamaño de la estructura pública.

Se introducen bonificaciones de la cuota de Seguridad Social si se contrata a un desempleado de larga duración (que haya estado en paro durante al menos 12 meses de los 18 anteriores) que tenga más de 45 años. La empresa se ahorrará un total de 3.900 euros : 1.300 euros por cada uno de los tres primeros años. Esta ayuda ascenderá a un total de 1.500 euros por tales años cuando a quien se contrate sea a una mujer en un sector donde este colectivo esté poco representado. En estos mismos sectores, la contratación de mujeres menores de 30 años tendrán una ayuda adicional de 100 a la reducción al paro de la Seguridad Social reconocida para todos los jóvenes.

Un joven podrá trabajar como aprendiz hasta los 30 años como medida para reducir el desempleo juvenil, mientras la tasa de paro se encuentre por encima del 15% . Entonces el Gobierno prevé que bajará el límite de edad hasta los 25 años. En las previsiones de septiembre del Fondo Monetario Internacional (FMI) el organismo apuntaba que España no contaría con un crecimiento suficiente para crear empleo (en torno al 2% necesario) hasta 2016.

Además se bonifica a las pymes que contraten de forma indefinida a los jóvenes entre 16 y 30 años durante tres años con hasta 3.600 euros de deducción en las cotizaciones a la Seguridad Social. Esta ayuda se incrementa conforme aumenta la antigüedad del trabajador: será 1.000 euros en el primer año de contrato, de 1.100 euros en el segundo y de 1.200 euros en su tercer año de contrato (3.600 euros de suma).

A pesar de que el ministro de Economía, Luis de Guindos insinuó que la implementación del contrato único sería una buena opción en un artículo escrito para el diario estadounidense «The Wall Street Journal», la reforma laboral anunciada prolonga la segmentación laboral, con la creación de un contrato más en el trabado mercado laboral español. En este caso se trata de un contrato indefinido dirigido a las pymes y autónomos (con menos de 50 trabajadores, lo que supone el 95% de las empresas españolas). Dicho contrato permitirá un período de prueba de 1 año, con la intención de facilitar la contratación indefinida.

Además a los emprendedores que incorporen a un trabajador en el paro se deducirán fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante un año. El trabajador podrá compaginar voluntariamente, junto con su sueldo, el 25% de la prestación durante dicho período.

Esta era una de las asignaturas pendientes que señaló Bruselas sobre el mercado laboral español: aumentar la cooperación entre agencias públicas y privadas de colocación, a imitación de otros países como Holanda o Dinamarca. Con tal de aunar esfuerzos, se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación.

El fracaso del INEM —que sólo encuentra trabajo a un 3% de los desempleados —ha hecho que el Gobierno intente de esta manera mejorar la calidad de la búsqueda de empleo, tanto para que los trabajadores accedan a puestos adecuados a sus características como para que las empresas encuentren empleados mejor preparados. Como fuere, en ningún caso las Empresas de Trabajo Temporal cobrarán a los trabajadores.

A partir del 31 de diciembre de 2012, se limita el encadenamiento de contratos temporales más allá de 24 meses. Además aparece, por primera vez en España, la regulación del teletrabajo en condiciones «equivalentes» al trabajo presencial.

Se introduce el derecho a la formación para evitar que un trabajador sea despedido a causa de un cambio tecnológico. Los empleados con más de un año de antigüedad tendrán derecho a 20 horas de formación retribuidas para fortalecer la preparación profesional de los trabajadores.

Mientras que con el anterior régimen, los convenios de cada compañía debían subyugarse a los de ámbito superior, la actual reforma da todo el protagonismo al convenio de empresa. Las empresas con dificultades dejarán de estar obligadas a aplicar el convenio de ámbito superior con el llamado «descuelgues». Esta medida intenta que el despido deje de ser la primera opción para las compañías con dificultades. El empresario podrá modificar las condiciones laborales de sus trabajadores antes que verse obligado a despedirlos, modificando su jornada laboral, el horario de trabajo o fomentando la movilidad geográfica entre otras medidas.

Fin a la «ultraactividad» —es decir, a la renovación automática de los convenios en caso de desacuerdo entre sindicato y empresa en la negociación de un nuevo marco laboral—. Hasta ahora, los sindicatos habían utilizado esto, como instrumento de presión en la negociación con la empresa. Tras la reforma, las partes deberán negociar un nuevo convenio colectivo en el plazo de dos años. En caso de fracasar la negociación, el convenio anterior dejará de estar vigente.

Los parados que cobren prestación podrán realizar trabajos sociales en beneficio de la comunidad mediante convenios con las administraciones públicas. El Ministerio de Empleo llegará a acuerdos con ayuntamientos, autonomías y otras entidades locales para ello. No solo eso. También se perseguirá a aquellos desempleados que cobren la prestación y realizen trabajos «en negro». A pesar de que la ley permite sancionar a a aquellos parados que rechazan más de tres ofertas de empleo «adecuadas» o que se niegan a participar en trabajos de colaboración social y programas de empleo, esto no se cumple. Un plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, intentará hacer cumplir la ley. En cuanto al absentismo laboral, será otro de los campos de batalla de la nueva reforma en pos de la competitividad. Con este grito de guerra se incluye el absentismo individual como causa de despidos.