Rato declara que todas sus actividades profesionales han sido «legítimas»

Desde su llegada a los juzgados de la Plaza de Castilla poco después de las nueve de la mañana, momento en el que ha sido increpado por un pequeño grupo de preferentistas, Rato ha permanecido en el juzgado de Instrucción nº 31, que investiga el origen de su fortuna y donde está acusado de varios delitos fiscales , blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. En declaraciones a Efe, Rato ha afirmado que todas sus actividades profesionales han sido «desde luego, legítimas y lícitas» y así se lo ha expresado «una vez más» a la fiscal y al juez de Madrid Antonio Serrano-Arna l, que investiga el origen de su fortuna.

Junto a él, han declarado hoy su abogado y exadministrador de Kradonara 2001, epicentro del entramado societario de Rato, Domingo Plazas, dos personas , también en calidad de investigadas, y dos testigos.

Se trata de la tercera ocasión en la que Rato comparece ante el titular del juzgado de Instrucción nº 31, Antonio Serrano-Arnal, tras comparecer en julio del año pasado -aunque entonces se negó a declarar-, y en octubre, momento en el que el juez le retiró el pasaporte.

El juez investiga los movimientos de capitales ejecutados Kradonara 2001, que recibió del extranjero 6,5 millones de euros de los cuales algo más de 3 millones los obtuvo a través de Vivaway , firma constituida en Reino Unido pero administrada desde el paraíso fiscal de Guernsey.

A su vez, Vivaway recibió 2,5 millones entre 2013 y 2014 de la sociedad panameña Wescastle Corporation, con domicilio en Ginebra y reconocida por Rato en su declaración de bienes en el extranjero , así como algo más de 850.000 euros en 2012 y 2013 de la sociedad Red Rose, cuyo domicilio al parecer está en Bahamas.

Con todo este dinero, Kradonara mantuvo la mercantil alemana Bagerpleta GmbH , cuya única actividad es explotar un hotel en Berlín en el que Rato posee un 50%.

Sin embargo, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aseguró desconocer la procedencia de esos 6,5 millones de euros , aunque no se sabe si el organismo ha modificado su dictamen.