PP y Ciudadanos buscarán fórmulas para asegurar el poder adquisitivo de los jubilados

Dada la dificultad de encontrar un punto de encuentro entre todos los grupos, el PP y Ciudadanos han dado un paso al frente y se han comprometido a b uscar fórmulas que eviten la pérdida de poder de compra de los pensionistas en un futuro inmediato, algo que es más que probable que ocurra este ejercicio teniendo en cuenta que las pensiones subieron este año un 0,25% , el mínimo que fija la Ley de Pensiones, y la inflación interanual está situada en el 1,5%.

El portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, explicó ayer a ABC que su formación y el PP negociarán a partir de septiembre fórmulas que permitan «suavizar» el Índice de Revalorización de las pensiones para evitar que los jubilados pierdan poder de compra. También la portavoz del PP en la comisión del Pacto de Toledo, Carolina España, se mostró favorable a buscar alternativas consensuadas, aunque insistió es clave definir la separación de fuentes de financiación , dado que ello reportará nuevos ingresos al sistema público.

Tanto España como Del Campo insistieron, no obstante, en que no se trata de volver a revalorizar las pensiones con el IPC , extremo que sí han reclamado partidos como el PSOE, Podemos y PDECat. Hay que recordar que esta mecánica de revalorización fue descartada por el Gobierno por su elevado coste para las arcas públicas y sustituyó por una subida del 0,25% para épocas de crisis como la actual. La reclamación se ha convertido, en la práctica, en la principal barrera para lograr conclusiones que permitan afrontar nuevos cambios en el sistema.

El Índice de Revalorización es un complejo indicador que tiene en cuenta factores como la cuantía de la pensión media por el efecto sustitución (diferencia entre las pensiones que causan baja y las nuevas), el número de pensiones, los ingresos y el gasto en pensiones, que se encamina irremediablemente hacia los 9.000 millones mensuales, un récord. Y aunque las expectativas económicas siguen mejorando -la economía crece por encima de 3% y se crearán más de 500.000 empleos este ejercicio-, el déficit de la Seguridad Social está previsto que acabe este año en 18.609 millones , 513 más que en 2016, en lo que significaría el mayor agujero de su historia.

Definir con claridad la separación de las fuentes de financiación, es decir qué se paga con impuestos y qué con cotizacion, será clave para alivar las maltrechas finanzas del sistema. En lo que sí que hay entendimiento es en que bonificaciones y reducciones, como las tarifas planas, se financien con Presupuestos , lo que supondría un alivio de unos 2.500 millones de euros a las arcas de la Seguridad Social.

Otro de los asuntos en los que estarían de acuerdo sus señorías es en que los gastos de funcionamiento y gestión de la Seguridad Social, unos 4.000 millones de euros, salgan de la financiación del sistema y también corran a cargo de los impuestos.

Menos éxito ha tenido la propuesta de CC.OO., apoyada por la Seguridad Social, de que las pensiones de viudedad y orfandad comiencen a pagarse con impuestos, un traspaso que supondría un gran alivio para las arcas del sistema de previsión, en torno a 25.000 millones.

Para PSOE y Unidos Podemos esta es una de las líneas rojas en la negociación. Las dos formaciones quieren mantener a toda costa estas pensiones dentro del sistema. Sus argumentos son que perderían sus carácter contributivo y estarían condicionadas a las decisiones del gobierno de turno.

Así, lejos de que estas prestaciones alivien la carga financiera del sistema, varios grupos de la oposición como el PSOE, Unidos Podemos y los nacionalistas catalanes del PDeCAT, han reclamado durante las jornadas de trabajo de la comisión un incremento de las pensiones de viudedad.

Y durante las comparecencias varios han sido también los expertos que han propuesto una reforma más a fondo de esta prestación para adecuarla a la nueva realidad social, en la que las mujeres se han incorporado de forma generalizada al mercado laboral.

Alguna de estas reformas para la viudedad apuntadas en el seno de la comisión parlamentaria supondrían igualar esta prestación a las de otros países europeos como Francia y Alemania, donde las pensiones de viudedad son incompatibles con determinado nivel de rentas salariales o son temporales durante los dos primeros años tras la muerte del cónyuge y luego se revisa la condición salarial del perceptor.

Los trabajos de la comisión se reanudarán después del verano. Antes, la próxima semana, Ciudadanos tiene previsto mantener un encuentro con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y con el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, para plantearle varias alternativas para mantener el poder de compra de los jubilados.