Papandreu se prepara para su votación más difícil en el Parlamento

Oficialmente, Papandreu sigue contanto en su haber con 151 de los 152 votos que corresponden a los miembros de su partido y que le permitirían salvar la moción de confianza. Solo Filipos Petálnikos , que ya abandonó la disciplina del grupo socialista, es considerado ahora independiente y votaría en contra.

Ni las diputadas díscolas Milena Apostolaki y Eva Kailí han manifestado por ahora su intención de dar la espalda a Papandreu, a pesar de las críticas que vertieron estos días en su contra. Incluso existe la posibilidad de que la diputada independiente expulsada de Nueva Democracia, Elsa Papadimitriu , vote a favor. La decisión Elena Panariti y Athanasia Merenditi, entre otros diputados socialistas, de no respaldar al líder es fruto de la decisión de Papandreu de realizar una consulta pública. Y por eso el partido del primer ministro todavía no los contabiliza de forma oficial como votos en contra. Esa realidad puede cambiar esta noche.

Si Papandreu no consigue esos 151 votos, caerá su gobierno y comenzará el largo calvario constitucional para convocar elecciones, lo cual dejaría al país sin Parlamento durante casi 40 días laborables. De ser así, Grecia no conseguiría a tiempo la sexta parte —8.000 millones de euros— de su primer rescate para afrontar los pagos de los sueldos y pensiones (no solo de los empleados estatales, sino de todos los pensionistas del país). Y no tendría liquidez par pagar los intereses de la deuda que vence en diciembre, lo cual provocaría una suspensión de pagos de hecho y una quiebra desordenada el próximo mes.

La necesidad de gobierno de salvación nacional se antoja así obvia: se podría votar la legislación pendiente, obtener la sexta parte del primer rescate y aceptar el segundo paquete de medidas de la eurozona. Y después, como exige el líder conservador Antonis Samarás , «en un clima de tranquilidad», convocar elecciones.

Los líderes de la izquierda siguen exigiendo elecciones anticipadas, basándose en el principio de que el pueblo debe manifestarse y alegando que el rescate ha supuesto una pérdida de soberanía. La idea de seguir recortando los sueldos, pensiones y privilegios de los trabajadores estatales, de privatizar o cerrar compañías estatales deficitarias de vender propiedades públicas y de tener tecnócratas de la troika —UE, FMI y BCE— vigilando en el servicio público griego les parece inaceptable.