Montero ultima un golpe fiscal al automóvil con los carburantes en máximos
Bruselas exige a Hacienda que revele antes de abril sus propuestas para reformar Circulación y Matriculación.
El informe del comité de expertos sostiene que se pueden obtener cerca de 2.500 millones extra por esa vía
El Gobierno le va a tocar presentar y explicar su subida de impuestos al automóvil en plena escalada del precio de los carburantes y con el litro de gasolina súper coqueteando con la frontera nunca vista de los dos euros. El contrato operativo firmado el ... pasado mes de noviembre por el Gobierno de España con la Comisión Europea obliga al Ministerio de Hacienda a presentar antes de que finalice el primer trimestre del año un informe sobre el funcionamiento de los principales impuestos que gravan la tenencia de un automóvil, el de Matriculación y el de Circulación, y sobre la contribución que realizan en la actualidad al objetivo de la transición ecológica. Y lo que es más peliagudo, al menos en el actual contexto de precios del carburante, a revelar el modo en que España pretende mejorar esa situación para convertir esos impuestos en un arma eficaz para reducir las emisiones.
No hay sorpresas aquí. Las ideas al respecto sobre las que ha venido trabajando el Gobierno en los últimos meses pasan por una subida de los impuestos en ambas figuras, asociada eso sí a la aplicación del principio de ‘quien contamina, paga’, de modo que se exija una mayor carga fiscal cuando mayor sea el potencial contaminante del vehículo en cuestión.
Fuentes del Ministerio de Hacienda reconocen que el departamento está trabajando en ese informe y que la intención es rematarlo y subirlo a la página web del ministerio –como exige el contrato operativo con Bruselas– en tiempo y forma, es decir, antes de que finalice el mes de marzo.
Libro Blanco
Hacienda publicará por tanto su ejercicio de análisis sobre ambos impuestos apenas unos días después de que el comité de expertos constituido por el ministerio haya hecho lo propio en el marco de su libro blanco de propuestas para la reforma fiscal. Fuentes del departamento que dirige María Jesús Montero aclaran que se trata de informes diferentes y que Hacienda realizará su propio análisis y sus propias propuestas.
El contrato operativo con Bruselas, fundamental porque es la referencia que los funcionarios de la Comisión siguen para evaluar si se han cumplido los hitos y objetivos a los que se ha comprometido cada país y por tanto si procede liberar los fondos que los países tienen preasignados, obliga al Gobierno a la difusión pública de su análisis sobre ambos impuestos y también a identificar las disposiciones legales que se considera necesario tomar para mejorar su funcionamiento.
En concreto, en la descripción del hito a cumplir se dice que «la reforma prevé un análisis del impuesto de Matriculación de Vehículos y el impuesto de Circulación o de otros pagos como los peajes» y subraya que «a partir de este análisis se estudiará una revisión de la ley para promover un transporte por carretera más sostenible y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero».
Desde el Gobierno no aclaran si se aprovechará el informe para revelar su esperada propuesta de pago por uso en las carreteras , aunque todo apunta a que así será. El Ministerio de Transportes optó por esquivar el asunto en el anteproyecto de ley de Movilidad Sostenible presentado hace un par de semanas, en el que se limitaba a manifestar el compromiso del Gobierno de estudiar un sistema de financiación para el mantenimiento de las carreteras. Bruselas, por su parte, continúa apretando y la comisaria europea de Transportes ya avanzó que la expectativa de la Comisión es que el Gobierno apruebe el nuevo sistema de pago por uso en 2023 de modo que esté plenamente operativo en 2024.
El informe del comité de expertos para la reforma fiscal, cuyo análisis y valoración es de obligado cumplimiento también para el Gobierno, según las disposiciones firmadas por la Comisión, plantea varias opciones para reformar tanto el impuesto de Matriculación como el de Circulación con las que, según sus estimaciones, se podrían obtener hasta 2.500 millones de euros extra de recaudación respecto a su potencial actual (ver gráfico).
El impuesto sobre los Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como impuesto de Circulación o coloquialmente como ‘el numerito’, aporta cada año en torno a 2.400 millones de euros a las arcas de los ayuntamientos y es objeto de grandes controversias por las diferencias abismales a la hora de pagar que existen entre diferentes municipios, hasta el punto de generar auténticos paraísos fiscales a la hora de registrar el vehículo.
La propuesta de los expertos es «ambientalizar» el impuesto, cambiando el actual diseño de gravamen en función de la potencia fiscal del vehículo por otro planteado a partir de indicadores representativos de daño ambiental. El objetivo, asegura el informe, debe ser que el impuesto incentive «la sustitución de las unidades más contaminantes por alternativas limpias» y a partir de este principio entienden que en función del modelo elegido podrían obtenerse entre 275 y 600 millones de recaudación extra.
Respecto al impuesto de Matriculación, o impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, los expertos lo señalan como una figura fundamental para facilitar la transición ecológica y aseguran que con la intensidad y el diseño adecuados puede llegar a promover la adquisición de vehículos de bajas emisiones.
La propuesta de los expertos plantea de forma directa aplicarlo a más vehículos, ampliando el número de tramos y reduciendo el umbral de emisiones a partir del cual es obligatorio pagar el impuesto, y de forma más intensa, subiendo la carga fiscal en todos los tramos. E incluso establecer un recargo para vehículos de gran tamaño como ya hace Francia.
El impacto recaudatorio de la propuesta es fenomenal. Según sus estimaciones, un impuesto que a día de hoy ingresa 468 millones de euros y se sitúa a la cola de Europa en cuanto a presión fiscal, pasaría a recaudar entre 1.000 y 2.300 millones de euros y a convertirse en la clave de bóveda de la estrategia gubernamental para modernizar el parque móvil español y acelerar la sustitución de los viejos vehículos movidos por combustibles fósiles por automóviles que se desplazan a partir de energías limpias.