El juez imputa a Galán por los contratos de Iberdrola con Villarejo

En un auto notificado este miércoles, el instructor acepta así la petición elevada por la Fiscalía Anticorrupción ante la existencia de incidios delictivos en los diferentes trabajos que la empresa encargó al Grupo Cenyt entre 2004 y 2017 por importe estimado en 1,1 millones de euros   a través del entonces Jefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.  

A lo largo de 23 páginas de auto, el instructor detalla los diversos proyectos desarrollados en ese periodo que obran ya en la investigación y que para Iberdrola tenían «naturaleza de confidenciales». De hecho, los indicios del presunto delito de falsedad lo son por la supuesta manipulación de las facturas para encubrir los conceptos que realmente se estaban sufragando, algo que ya reconoció, como recuerda el instructor, el propio Asenjo.

«Queda de este modo indiciariamente acreditado que los servicios no se prestaron en los términos expresados en las facturas, sino que, por el contrario, para tratar de ocultar los trabajos realizados, se procedió a la manipulación de sus conceptos», dice el auto.

En el caso «Proyecto Arrow», desplegado entre 2004 y 2006, el juez expone que tenía por objeto superar los obstáculos en la construcción de una central de ciclo combinado en Arcos de la Frontera (Cádiz). «Los trabajos (...) se concretaron en numerosos informes y gestiones que fueron documentados entre los años 2004 y 2006. Estos informes incluyeron, en ocasiones, el acceso a tráficos de llamadas telefónicas realizadas y recibidas por las personas objeto de investigación », expone García Castellón.

Conforme recuerda, en aquel momento Villarejo estaba en activo en la Policía Nacional, Ignacio Sánchez Galán ocupaba el puesto de vicepresidente y consejero delegado en Iberdrola -hasta el mes de abril de 2006 en que fue nombrado presidente-, Fernando Becker Zuazúa era director de recursos humanos y servicios y Francisco Martínez Córcoles ocupaba el cargo de director de generación.

Para el instructor, hay indicios de que en el proyecto «Arrow» concurrió una voluntad por parte de la compañía de ocultar estos trabajos, porque las facturas no fueron emitidas por la eléctrica sino por otra empresa que les prestaba servicio, Castellana de Seguridad, S.A. (Casesa).

Buena parte de esos indicios nacen de la declaración y la documentación aportada por José Antonio del Olmo que era director de control de funciones corporativas y que elaboró primero un informe y luego un escrito que depositó con dos testigos ante notario en diciembre de 2004 sobre este asunto al detectar, según dijo, irregularidades.

Conforme resume el juez en el auto, la auditoría interna de Iberdrola concluyó que «no se puede deducir que las facturas identificadas como sospechosas» por Del Olmo y emitidas por Casesa «correspondan a servicios prestados por personas físicas o jurídicas vinculadas» a Villarejo, como «tampoco puede confirmar» que esa empresa no realizase los servicios. La cuestión es que la AEAT reveló que esta empresa de seguridad hizo pagos a la del comisario por importe de 407.740 euros en 2004.

Además, consta que las facturas que «podrían enmascarar servicios prestados en verdad por Cenyt no estaban asociadas a pedido alguno, lo que no estaba permitido en aquella época, contraviniendo de este modo la normativa interna de la compañía que regulaba la tramitación de facturas», señala el juez. En esas fechas el Código Penal aún no recogía la responsabilidad de las personas jurídicas.

«El importe de las facturas emitidas por Casesa a lo largo de 2004 que, de acuerdo con la versión de lo sucedido, indiciariamente acreditada, expuesta por José Antonio del Olmo Ruiz, enmascararían servicios prestados, en realidad, por Cenyt, asciende a 407.740 euros «, detalla el auto.

Otro de los proyectos encargados a Villarejo que incluye el auto es el denominado «Black Board», desarrollado entre 2004 y 2005, y que tenía por objeto conocer información sensible sobre Manuel Pizarro, entonces presidente de Endesa, que poder utilizar para incidir en sus actuaciones futuras. En la documentación que generaba el comisario se incluyen «de nuevo, tráficos de llamadas entrantes y salientes» de los investigados.

Este proyecto coincidió en el tiempo con Arrow y presenta las mismas irregularidades en la facturación, «todas ellas no asociadas a ningún pedido», por lo que el juez hace extensivos los indicios del primero a este segundo encargo al comisario Villarejo .

Se mencionan asimismo otros supuestos encargos a Villarejo, como «Posy» que se habría desplegado en 2009 y centrado en investigar a Florentino Pérez, presidente de ACS, a fin de conocer cualquier circunstancia que, «llegado el caso, pudiera ser utilizada en un escenario de conflicto con Iberdrola».

En cuanto a «Gipsy», «habría tenido por objeto investigar a José María Álvarez Vázquez , quien fue director de servicios generales de Iberdrola, S.A., y a Francisco Julián Gutiérrez Santiago, proveedor de Iberdrola, al sospechar la compañía que en la contratación de los servicios pudiera mediar el pago de comisiones ilegales, extendiéndose también la investigación a las vinculaciones que José María Álvarez Vázquez hubiera podido tener con Florentino Pérez, presidente de la compañía ACS».

Se suman los proyectos «Wind», de mediados de 2011 y encargado por Iberdrola Renovables a través, de nuevo, de Antonio Asenjo para investigar a una sociedad suiza con la que la eléctrica se había aliado para desarrollar infraestructuras en Rumanía; y una investigación patrimonial de 2017 aunque para entonces, Villarejo ya no estaba en activo en la Policía.

No obstante, «aparte de los elementos puestos de manifiesto existen otros que harían referencia, también, a las relaciones comerciales mantenidas por la compañía Iberdrola, S.A. con José Manuel Villarejo Pérez, cuando se encontraba en servicio activo en el Cuerpo Nacional de Policía , a cuenta de encargos realizados para llevar a cabo otras investigaciones», entre los que cita un audio de una conversación entre Asenjo, el comisario y el abogado de sus empresas.

«En dicha conversación, el investigado Antonio Asenjo pregunta a sus interlocutores cómo podrían establecer una relación comercial estable – «una iguala económica» —, añadiendo el investigado Antonio Asenjo que ya habría convencido de la bondad de esta idea idea a algún superior, en concreto al Director General (podría tratarse de Fernando Becker), mostrándose también conforme el Director de Generación (quien podría tratarse de Francisco Martínez Córcoles», resume el instructor.

En su opinión, «este dato vendría a avalar, junto a todos los anteriores, el hecho de que los encargos y relaciones comerciales entre las partes no fueron esporádicos o puntuales sino que tuvieron continuidad en el tiempo, comentándose incluso en la conversación cómo podrían las partes camuflar tal continuidad ».

Para Iberdrola, la citación de Galán, Becker, Martínez Córcoles y Orbegozo es «una oportunidad» de acudir ante el juez y esclarecer los hechos, en aras de poner fin a este asunto que lleva bajo investigación desde octubre del año 2019 con un alto coste reputacional, según informaron en fuentes de la compañía.

Se ciñen así a lo ya manifestado por la comisión ejecutiva delegada del consejo de administración de la eléctrica tanto al juez como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores el pasado mes de mayo en un escrito en el que ponían a disposición a Galán y a todos los trabajadores de Iberdrola para declarar ante el instructor, eso sí, en calidad de testigo.