El Gobierno da largas a las empresas y aboca a un parón de la producción

La maratoniana reunión que mantuvo ayer la ministra de Transportes, Raquel Sánchez , con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) terminó sin que el ansiado paquete de ayudas que reclama una parte del sector se plasmase en medidas concretas. La ministra se comprometió a reforzar la seguridad durante los paros de los transportistas, pero no propuso nuevos incentivos más allá de los comprometidos en diciembre. Sánchez cargó además contra los piquetes. «Tienen derecho a reivindicar pero no a impedir el ejercicio de la profesión a la mayoría de los transportistas, porque son la mayoría los que quieren seguir trabajando», explicó la ministra ayer.

Mientras, en la calle, el sector vivía una nueva jornada de protestas. La tecera consecutiva. El acceso a los puertos se complicó en algunas ciudades y centros logísticos como Mercamadrid descargaron el 50% de su mercancía habitual por segundo día consecutivo por los paros, convocados por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías, organización que agrupa a unas 130.000 pymes y autónomos del sector. Una plataforma que no estuvo presente ayer en la reunión de los transportistas con el ministerio, que identifica al CNTC -que no apoya los paros -como su único interlocutor.

El conjunto del sector logístico pide protección ante la escalada de las protestas, que está desembocando «en la rotura de la cadena de suministro de productos básicos, incluso de medicinas para farmacias y hospitales», denuncia el presidente de la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España, UNO, Francisco Aranda. La patronal también pide que se actúe de urgencia para rebajar los precios de los combustibles: «El 29 de marzo es demasiado tarde».

Los paros de los transportistas, además, ya trascienden al sector. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) denunció ayer que se están viviendo «graves problemas» en el transporte y envío de productos alimentarios. Una situación que amenaza con generar una «pérdida irreparable» de frescos, muchos de los cuales son «altamente perecederos». FIAB también alertó ayer sobre la «actividad mínima» de los mataderos por los problemas en las cargas de animales, lo que también puede desenvocar en una carestía de todo tipo de carnes.

«Si no se respetan los servicios mínimos y se limita la libre circulación de vehículos, toda la cadena verá mermada su capacidad productiva. No solo conllevará incalculables pérdidas económicas y sociales para las empresas, sino que también se verá perjudicado el consumidor», resaltó ayer Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB , en un comunicado.

El sentimiento entre las compañías es de pánico. Sobre todo entre las empresas de la distribución, de donde parten las mercancías. Los piquetes han tomado polígonos industriales y centros logísticos, impidiendo que salgan hacia destino los portes. Entre las empresas cargadoras temen que el conflicto se vuelva todavía más agresivo y se prolongue en el tiempo, «afectando profundamente a nuestro tejido empresarial, que se encontraba ya en una situación muy delicada», explican desde la Asociación de Cargadores de España (ACE), que representa a distintos sectores de la industria y la gran distribución. «Varias plantas han tenido que cerrar líneas de producción por la falta de suministros y, de no actuar rápidamente, esta convocatoria puede paralizar la economía del país, llevar al cierre de empresas y provocar un desabastecimiento en el corto plazo» aseveran desde ACE .

Las grandes industrias también se han echado encima del Gobierno, a la desesperada, después de un año contra las cuerdas por los precios de las energías. Para la industria de alto consumo eléctrico (siderúrgico, metalúrgico ...) la situación de precios tras la invasión rusa a Ucrania ha sido la puntilla con la que se ha desatado una cascada de parones en las fábricas.

Grandes multinacionales como Acerinox y ArcelorMittal , anunciaron la semana pasada parones en algunas plantas por los efectos de la guerra. En el caso de la primera, la compañía también negocia por los mismos motivos un ERTE para los 1.800 empleados de su planta en Los Barrios (Cádiz) .

Las grandes empresas del sector se reunieron ayer con Industria, con el fin de encontrar soluciones para rebajar la factura energética del sector. En España, más del 80% del consumo industrial está expuesto al precio del mercado eléctrico diario. Lo que en la práctica supone que el precio de la luz para las industrias depende de la evolución de precios de combustibles fósiles como el gas, que se ha disparado más de un 300% en el último año. En esa línea, asociaciones presentes en las negociaciones como AEGE (electrointensivas) y Unesid (siderúrgica) piden al Ejecutivo que reforme urgentemente el mercado marginalista eléctrico.

«Pedimos el apoyo del Ministerio del Interior para que garantice el el tráfico de los camiones respetando el derecho a huelga», pide al Gobierno el director general de la Federación Nacional de Industrias Lácteas (Fenil) Luis Calabozo . En concreto, explica a ABC, que «la leche cruda es un producto altamente perecedero» y que la imposibilidad de dar salida a todo este producto amenaza con colapsar a las más de 1.500 plantas transformadoras. «Se está tratando de colocar la leche en cualquier parte», comenta Calabozo, quien advierte que tampoco los insumos (piensos, ...) están llegando a ganaderos e industria transformadora con normalidad.

Al fantasma de un amarre general de la flota pesquera (8.732 buques a cierre de 2021) por un precio del gasoil se suman los problemas de abastecimiento por el paro. Las lonjas de Burela, Celeiro, Caleta-Vélez (Málaga)... no registran operaciones y en Vigo tampoco se funciona con normalidad, según fuentes consultadas por ABC. Los detallistas ya admiten menor actividad en los mercados, aunque están abriendo con normalidad. A ello se suma los paros parciales en flotas como la de cerco de Barbate (Cádiz), Almería y Galicia, entre otros puertos. Por otro lado, la industria de la aceituna de mesa anunció la paralización de su actividad desde el viernes. Esto, según Asemesa, supondrá 5 millones de euros en pérdidas diarias y una amenaza directa sobre los 8.000 empleos directos que genera.