El Gobierno deja a un lado los límites al alquiler y prevé llevar a las Cortes la ley de vivienda en 2022

Los planes del Gobierno pasan por levantar edificios energéticamente eficientes a través de fórmulas de colaboración público-privadas. En principio, el decreto que gestiona este proyecto se aprobará durante la segunda mitad del año y la inversión se distribuirá entre 2022 y 2023, invirtiéndose 500 millones cada año.

Más dudas existen respecto a la ley nacional de vivienda. El Gobierno también pone en valor este proyecto, al asegurar que es la primera normativa nacional en este ámbito y «constituye la respuesta por parte del Estado de la obligación que, en el marco de sus competencias constitucionales, le incumbe en la protección del derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y a su disfrute».

Pese al valor de esta norma, su aprobación se producirá mucho más tarde de lo esperado. El Gobierno, que en un principio aseguraba que la norma vería la luz durante los primeros meses de 2021, prevé ahora que el anteproyecto de la ley prevé llevar la norma al Consejo de Ministros durante el segundo semestre del año. Pero no será aprobada por las Cortes hasta el tercer trimestre de 2022.

El Ejecutivo promete reunirse con todos los agentes implicados durante la elaboración de la norma , que tendrá un «impacto favorable en el conjunto de la sociedad y, especialmente, en las personas y hogares más vulnerables. Pero no hace mención a la posibilidad de que el texto contenga límites a los precios del alquiler.

El rechazo del Partido Socialista a esta medida ha sido precisamente lo que esté demorando la tramitación de la norma. Unidas Podemos ha insistido con vehemencia en los últimos meses en la imposición de controles, aunque ahora empieza a dar por hecho que estos no llegarán a implantarse.