El Gobierno dará hoy luz verde a la liberalización ferroviaria

El Gobierno prevé la aprobación de un Real Decreto por el que se abrirá la red de transporte de alta velocidad (AVE) a la competencia de operadores privados y permitirá la concesión de las llamadas «obligaciones de servicio público», es decir, las rutas de cercanías y las regionales, que aunque no son rentables económicamente sí lo son desde el punto de vista social. En estos casos, la titularidad seguirá siendo estatal. Asimismo, la norma impulsará la reestructuración de Renfe en cuatro sociedades anónimas (Renfe Viajeros, Renfe Mercancías, Renfe Mantenimiento y Renfe Material Rodante).

El Gobierno pretende, mediante esta segmentación, potenciar las distintas líneas de negocio en las que hoy participa Renfe de manera que sean más manejables.

Por su parte, la liberalización permitirá a ADIF ofrecer a los operadores privados el uso de las líneas ferroviarias a cambio de un canon que contribuirá a garantizar la financiación del sistema. Compañías como Talgo, FCC y Alstom suena insistentemente entre las principales interesadas por participar en alguna de estas áreas.

Con este conjunto de medidas, el Gobierno persigue varios objetivos. Por un lado, mejorar el servicio que reciben los usuarios y facilitar una bajada de los precios. Por otro, la racionalización del servicio en busca de la máxima eficiencia para garantizar su financiación. No en vano, Renfe acumula una deuda de 5.200 millones de euros , ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) debe casi 11.000 millones y FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) algo más de 500 millones.

El paquete que presentará la ministra de Fomento, Ana Pastor, incluye además la integración de FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha) en Adif -que recibirá las infraestructuras- y Renfe -que asumirá su material rodante-. Previsiblemente, también se eliminarán las subvenciones en el transporte de mercancías , el único de los sectores abierto actualmente a la competencia privada. Más tarde, en un plazo de seis meses, el Gobierno se tendrá que pronunciar sobre la viabilidad de las líneas ferroviarias menos rentables, proceso que, incluso, podría desembocar en el cierre de las que cuentan con menor demanda.