«La Generalitat quiere controlar todos los datos fiscales y los impuestos»

–¿Cuál es la situación de los inspectores de Hacienda en Cataluña?

–Sufren presiones brutales y de todo tipo. Después de los cuerpos de seguridad, quizá los funcionarios de Hacienda y de Empleo son los más expuestos, porque somos los que tenemos las armas para imponer la legalidad, en nuestro caso a través de sanciones. Un contribuyente al que le han lavado el cerebro con que «España nos roba» y le giramos una liquidación, ¿cómo va a pagar a una Hacienda a la que presume ladrona? Las presiones son brutales y de todo tipo. El día de la huelga, los compañeros tuvieron la sede de la Agencia Tributaria (AEAT) en Barcelona cercada por independentistas. Hay que apoyar a estos trabajadores, compañeros que están defendiendo la legalidad y el Estado de derecho.

-¿Qué piensa de que la Agencia Tributaria Catalana (ATC) trate de ampliar sus competencias?

–Ahora mismo no tienen medios materiales ni humanos para poder gestionar lo que quieren, porque aparte de los impuestos cedidos también quieren controlar los estatales: IVA, IRPF, Sociedades... Nuestra estimación es que para ello deberían tener 5.000 funcionarios y no llegan a 800. Ellos quieren las llaves de la sede de la Agencia Tributaria en Barcelona. Quieren entrar en el edificio de la plaza del Doctor Letamendi y que toda la delegación pase en bloque a sus manos porque son incapaces de construir la infraestructura y la información que tiene la Agencia Tributaria en Cataluña.

–¿Ve desleal el comportamiento de la Generalitat?

–El comportamiento de la Generalitat lleva siendo desleal mucho tiempo. Quieren unir los datos fiscales y los ingresos del Estado con un nodo que ellos controlen para cortarlo cuando se produzca la desconexión con el Gobierno central. Pero el día que eso ocurra, la AEAT empezará a mandar apremios a los contribuyentes que no han pagado sus impuestos en la ventanilla correcta.

–La ATC trató de fichar a personal de la Agencia Tributaria por más sueldo

–Yo veo lícito que una institución quiera pescar en el capital humano de otra institución. Pero les ha salido muy mal. Porque los funcionarios tenemos un perfil adverso al riesgo. Por eso somos funcionarios y no empresarios. Desde hace un tiempo se ha visto que optar a una plaza en la ATC o en la consejería de Hacienda de la Generalitat es una aventura que no estamos dispuestos a asumir. Aunque ofrezcan más sueldo. Tenemos la experiencia de compañeros que se han ido y todos han salido de ahí mal. Y han vuelto.

–¿Qué medidas requiere la Agencia Tributaria de cara a los Presupuestos de 2018?

–Más personal. Que haya una tasa de reposición superior al 100% durante varios ejercicios para paliar los años que estuvimos perdiendo efectivos por la crisis. Los ingresos por lucha contra el fraude ya han tocado techo. Hay que incrementar la plantilla, sobre todo de personal informático para tratar toda la información que tiene el Fisco, además de cruzarla con los datos que hay en internet. Asimismo, habría que empezar a llevar a cabo políticas a más largo plazo. Quizá haya que medir los resultados contra el fraude no solo en función de la recaudación líquida obtenida, sino de otros parámetros. Además, seguimos sin Estatuto de la Agencia Tributaria, necesitamos uno que amplíe sus facultades y competencias. Y una policía fiscal, poder realizar más actuaciones de incógnito...en definitiva, ampliar las hechuras del traje que nos hicieron hace 25 años porque ya no nos vale.

–¿Qué tal está funcionando el intercambio automático de información de cuentas bancarias, que ha empezado a entrar en vigor en septiembre con 53 países?

–Muy bien. Se están empezando a realizar volcados de información que está siendo muy útil para obtener datos. Es un avance, insuficiente pero es un síntoma de que cada vez se estrecha más el cerco sobre los defraudadores internacionales.

–El año pasado, su asociación anunció que iba a medir la economía sumergida para atacarla con mayor eficacia. ¿Cómo avanzan los trabajos?

–Seguimos con el proyecto parado por falta de financiación. Hasta ahora los estudios realizados sobre economía sumergida, brecha fiscal y fraude, que son conceptos diferentes, eran estudios incompletos, limitados en el tiempo o poco serios. Miden variables de difícil cálculo. Ya tenemos un equipo de investigadores, para lo que hemos contactado con Fedea. Ellos aportan parte del coste del proyecto y también lo hacemos nosotros con una parte más pequeña. Ahora necesitábamos un financiador que nos de el principal soporte económico. Y estamos ultimando tenerlo, ya que estamos cerrando conversaciones con uno. Con los resultados que den estos estudios se pueden llevar a cabo determinadas operaciones, por ejemplo de cara a las políticas comunitarias de lucha contra el fraude en el IVA.