El gasto del Estado en prestaciones por desempleo se dispara un 60%
En noviembre pagó 2.197 millones, aunque hay un millón de parados sin cobertura
El aumento del paro ha roto cualquier previsión y batido todos los récords. Los servicios públicos de empleo han registrado el mayor número de beneficiarios de las prestaciones por desempleo: 2.209.395. Y en consecuencia, ha llevado a batir otro récord: el gasto por ... estas prestaciones ascendió a 2.197 millones de euros el pasado mes de noviembre, una cantidad jamás antes desembolsada y ue supone un 60% más que en el mismo mes del año pasado. Y eso que las estadísticas no saben explicar qué ocurre con el casi millón de parados registrados que no son beneficiarios de una prestación, según confirmó ayer la responsable de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo. Mientras la actividad económica se reactiva, el Estado deberá seguir haciendo un «gran esfuerzo» económico para atender el pago de las prestaciones que, según recalcó Rojo, se encuentran en los niveles más altos de la historia, tanto por el número de beneficiarios como por su cuantía.
En este sentido, Rojo concretó que los Servicios Públicos de Empleo han visto incrementar su carga de trabajo un 49%, para responder al millón y medio más de expedientes que se han presentado entre enero y noviembre pasados.
Los más de 2,2 millones de beneficiarios son un 47% más que en noviembre de 2007. De ellos, 283.711 son extranjeros, un 109% más que un año antes, y el 12,84% del total de parados.
Mejora de los servicios
De momento, se han avanzado medidas de carácter organizativo, de personal y tecnológicas, a fin de mejorar el funcionamiento de los servicios. Para ello, se ha reforzado con 1.415 profesionales las prestaciones y atención a los parados: se ha reducido de 16 a 7 días el plazo para reconocer la prestación -en 44 provincias se reconoce en un plazo inferior a diez días-; y el 95% de las solicitudes de prestación son abonadas al mes siguiente.
Falta por concretar con los gobiernos autonómicos las medidas que mejoren la intermediación de los servicios públicos, incluido un mejor conocimiento de las necesidades del mercado laboral en cada zona.
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