«Hacienda actuará con toda la ley si hay defraudadores en los 'papeles de Panamá'»

¿Qué va a hacer la Agencia Tributaria con los españoles que han aparecido en los "papeles de Panamá" si encuentra que han ocultado bienes a Hacienda?

La Agencia Tributaria está contrastando la información que se está publicando en los medios con la información que dispone de los contribuyentes a través del llamado modelo 720, de declaración de bienes en el extranjero.

¿Va a haber una regularización a la carta como en la "lista Falciani" o se irá contra los defraudadores de los papeles con todas las consecuencias?

La Agencia actuará con toda la ley contra los que no hayan cumplido con sus obligaciones fiscales, con independencia de quienes sean y con todas las consecuencias. La legislación actual ha incorporado instrumentos que permiten actuar así, como el citado modelo 720, y que han permitido recaudar el pasado año 15.600 millones de euros en la lucha contra el fraude, un resultado sin precedentes.

¿Se está analizando lo declarado en la amnistía fiscal para estas investigaciones?

La Agencia Tributaria siempre utiliza toda la información a su disposición.

¿Panamá está proporcionando la información que se le requiere o puede volver a la lista de paraísos fiscales?

El Gobierno panameño se ha comprometido a colaborar en la investigación de los "papeles de Panamá". España cuenta para ello con un acuerdo de intercambio de información con el país centroamericano y está siendo utilizado convenientemente. Para que volviera a la lista de paraísos fiscales debería estar fallando y no es el caso. Al margen de ese convenio, sí sería deseable, como dice la OCDE, que Panamá se incorpore también al acuerdo multilateral para el intercambio de información de forma automática.

¿Ya han encontrado españoles con irregularidades fiscales entre los que tenían sociedades o cuentas en el despacho Mossack Fonseca?

La investigación sigue su curso. Es la Agencia Tributaria la encargada de realizarla. Por lo demás, la ley no permite publicar información sobre contribuyentes en particular.

España opta a presidir el Foro de Transparencia Global de la OCDE. ¿Quién sería el candidato? ¿Puede lastrar en la elección que el ex ministro José Manuel Soria aparezca en los "papeles de Panamá"?

El Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información con fines Tributarios de la OCDE reúne a 139 países miembros y de fuera de la organización. España está integrada en su comité de dirección desde hace años y acaba de presentar su candidatura para presidir el Foro. Hay que destacar que el Foro está formado por personal técnico, no político, de acreditada experiencia en fiscalidad internacional. El designado como candidato español contará con esa experiencia.

En el G-20 de esta semana España ha firmado un protocolo con otros cuatro países para desenmascarar a los propietarios de redes societarias. ¿Se incorporará Panamá?

Se trata de un proyecto piloto conjunto que acaba de anunciar España, Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, el conocido como G-5. Pretende que se produzca un intercambio automático de la información que obre en los registros nacionales de estos países sobre la propiedad efectiva de las sociedades. El objetivo es compartir datos para conocer quiénes son los beneficiarios efectivos de todo tipo de sociedades, con el fin de mejorar la lucha contra el fraude fiscal internacional. Queremos saber quién está detrás de ellas. En el caso de España, los datos a intercambiar se obtendrán de diversas fuentes, tanto de los modelos de declaración tributarios como de información suministrada por terceros como notarios, Registros de la Propiedad y Mercantiles. España ya cuenta con un sistema de fe pública registral, valorado en Europa. El proyecto incluye a todo tipo de sociedades, especialmente sociedades instrumentales, fundaciones, estructuras fiduciarias y otras entidades no transparentes. El acuerdo anunciado está propuesto por los cinco mayores países de la UE, pero no queremos que se quede ahí. Acabamos de solicitar al G-20 y a la OCDE su apoyo, para extenderlo.

¿Cuándo entrará en vigor?

Lo antes posible. Nos hemos puesto ya manos a la obra. Es muy importante que la OCDE nos ayude para desarrollar un modelo estándar, aplicable internacionalmente por todos los que se vayan sumando. El objetivo último es tener una base de datos interconectada de registros nacionales. La opacidad fiscal es un gran cáncer que, con acuerdos como este, ayudamos a vencer. Gracias al apoyo ya comprometido del G-20 y la OCDE, el acuerdo se extenderá por países de todo el mundo. Estoy convencido de que el acuerdo del G-5 será un arma muy potente contra el fraude fiscal, un misil en la línea de flotación de las sociedades opacas. Con este proyecto, quién se esconda tras estas sociedades opacas debe saber que le queda poco para ser descubierto.

Reino Unido ha firmado esa carta pero cuenta con jurisdicciones bajo su dominio que son paraísos fiscales, como Jersey.

El Gobierno británico está siendo muy activo en la lucha contra el fraude internacional. Es cierto que hay ciertas dependencias de la Corona Británica, que cuentan con autonomía fiscal y que son consideradas paraísos fiscales. Con ellos, precisamente, se está tratando el desarrollo de acuerdos de intercambio de información. El objetivo es que no quede ningún territorio al que pueda ser considerado opaco fiscalmente, en especial, Gibraltar.

¿Qué más medidas aprobará el G-20?

Tanto el G-20 como la OCDE han mostrado su disposición de ir por esta línea de intercambio de información. En la última reunión, que acaba de celebrarse en Washington, han dado su respaldo a aumentar el número de países que se comprometan con el acuerdo multilateral de intercambio automático de información. La lucha contra los paraísos fiscales es otro gran objetivo que compartimos. El G-20 urge una aplicación efectiva de las normas de transparencia y aboga por estudiar sanciones para las jurisdicciones que no cumplan con lo acordado.

¿Hay un conflicto entre la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos respecto a ciertos criterios? Hemos visto posturas opuestas en el caso de la deducibilidad de los intereses de demora o la tributación en las sociedades civiles. ¿Qué ocurre?

No hay conflicto en absoluto. Son centros dependientes del Ministerio de Hacienda pero con funciones propias y diferenciadas. La Dirección General de Tributos interpreta la normativa, por mandato legal, y la Agencia Tributaria se dedica a aplicar lo que dispone la ley. Si existe alguna duda sobre la aplicación de los tributos, se aclara convenientemente, como ha ocurrido siempre.