El Estado dejará de aportar recursos para pagar el paro diez años después

Este 2018 el Gobierno espera que la economía crecerá un 2,7%, el paro bajará al 15% de la población activa y se crearán unos 500.000 puestos de trabajo . Este tirón del empleo reducirá a su vez los recursos destinados a sufragar las políticas pasivas, que se recortarán un 3,4%, hasta los 17.702 millones. Esta mejoría en los indicadores del mercado de trabajo permitirán que por primera vez desde 2008 el próximo ejercicio el Estado no tenga que acudir al auxilio del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que pueda hacer frente a los pagos por desempleo, según ha comunicado el Gobierno a las autoridades comunitarias en el Plan de Estabilidad enviado el pasado lunes.

En los años más duros de la crisis, como 2009, llegó a transferir más de 19.000 millones al antiguo INEM para que pudiera cumplir con las ayudas a los parados. La creación de empleo y el menor número de parados ha permitido que poco a poco la cifra se haya ido reduciendo. En 2017 el montante transferido ya fue de 1.623 millones y este año las tranferencias del Estado serán de apenas 55 millones para dar paso en 2019 a un nuevo escenario en el que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) pueda hacer frente a todos sus gastos con los ingresos que recauda. De esta forma, «la aportación media del Estado a los Presupuestos de este organismo habrán disminuido un 91,48% comparando el periodo 2014-2016 con las estimaciones para el periodo 2017-2019», dice la rama económica del Ejecutivo. Explica con detalle también que este nuevo escenario que dibuja será posible por que el gasto en prestaciones ha descendido en un 24,92% de 2014 a 2016, en paralelo con el descenso del paro.

«En todo caso, el mayor impulso a la sostenibilidad presupuestaria son los aproximadamente 500.000 empleos creados cada año de media en 2015-2017 y la reducción dle paro en dos millones de personas entre 2013 y 2017», concluye. La evolución reciente no ha sido peor. En abril el número de parados registrados en las oficinas de empleo se situó en 3.422.551, su nivel más bajo en los últimos nueve años, y el de cotizantes supera ya los 18,5 millones. Las previsiones enviadas a Bruselas por el Gobierno apuntan a que la economía recuperará los 20 millones de ocupados que había antes de la crisis en tres años.

La factura de prestaciones y subsidios del paro fue una de las que más creció durante la crisis debido al fuerte impacto que tuvo sobre el mercado de trabajo. Pasó de 15.300 millones en 2007 a superar holgadamente los 32.000 millones en 2010. Ese año comenzó a recortarse la factura y se mantuvo en esas cifras hasta 2012 , año en el que el desempleo escaló hasta superar los seis millones de parados con una tasa sobre población activa del 26,02%. Los seis largos años de crisis económica se dejaron por el camino cerca de cuatro millones de puestos de trabajo. .

De superar la cifra récord de 32.000 millones de euros el gasto en protección contra el desempleo bajó de los 20.000 millones en 2016 por primera vez en los últimos nueve años y la previsión del Gobierno es gastar 17.702 millones este año, casi la mitad que en los años más duros.

Con un mercado laboral que aún tiene terreno por recorrer pese a la mejora y un incremento estructural del desembolso en pensiones -que aumentará más a mediados de la próxima década, cuando se jubile la generación del «baby boom», las reformas de 2011 y 2013 se aprobaron para cuadrar el gasto en pensiones a largo plazo. El objetivo era contener progresivamente el déficit de la Seguridad Social, que está por encima de los 17.200 millones de euros. Un ahorro que se seguirá produciendo pese a que el Gobierno ha pactado con el PNV aumentar las pensiones un 1,6% y un 1,5% este año y el siguiente . El Ejecutivo explica a Bruselas que estos dos años se ahorrará 1.900 millones de euros por la aplicación de las reformas de las pensiones que elevaron la edad de jubilación, endurecieron los requisitos para el retiro anticipado y acotaron el número de años trabajados a coger para calcular la prestación que se cobrará.

Todo este cóctel de medidas supondrá que el Estado se ahorrará 950 millones este año y otros 950 el que viene. Pese a ello, queda lejos de los 1.200 millones de ahorro en 2017, último año en el que se aplicó el Índice de Revalorización de las Pensiones del 0,25% . De esta forma, pese a que romper con dicho factor supondrá este año 2.631 millones de euros y 2.200 millones el próximo, las reformas de 2011 y 2013 seguirán teniendo un impacto positivo en las arcas públicas.

De hecho, el Gobierno planea reactivar la Comisión de Pacto de Toledo, para que el factor de sostenibilidad -una de las reformas de 2013 que reduce la pensión inicial para adecuarla a la esperanza de vida y mayor número de años que se percibirá pensión- entre en vigor antes de 2023, si bien el PP ha pactado con el PNV que se retrase hasta dicho año en lugar de 2019, ejercicio en el que estaba previsto. La mayor parte del déficit público este año será el de las pensiones, un factor que se reforzará en los próximos años, cuando todo el agujero de la Administración sea el de la Seguridad Social.

De esta forma, los pensionistas no perderán poder adquisitivo este año, aunque sí lo harán los asalariados, de acuerdo a las previsiones remitidas a Bruselas por el Gobierno. El Programa de Estabilidad contempla que la remuneración por asalariado crezca un 1,2% este año, menos que las pensiones -un 1,6%- y que el deflactor de consumo privado en el que estima que los precios repuntarán un 1,4%. El próximo año espera que los sueldos crezcan tanto como las pensiones, un 1,5%.