Embudo en la Administración: España tendrá que gastar 100.000 millones de la UE en solo tres años

Moncloa acota el plazo para recibir los 72.000 millones en transferencias a 2023, pero aún hay 36.000 por ejecutar del anterior presupuesto comunitario y pone a prueba las costuras del sector público

Imagen de una línea de AVE financiada con fondos europeos IGNACIO GIL

La Administración se enfrenta a un desafío monumental en los próximos años que parece caído del cielo. España va a tener que aprovechar 72.000 millones de euros en transferencias directas que provienen del Plan de Reconstrucción de la Unión Europea (Next Generation EU) en ... los próximos tres años. Pero a ello se le suma que nuestro país tiene hasta dicho año para aprovechar otra ventanilla: la del Presupuesto comunitario 2014-2020, el Marco Financiero Plurianual, del que aún tiene 36.800 millones de euros pendientes de ejecutar, un plazo que vencerá en 2023. En total, más de 108.000 millones por utilizar en tres años, en lo que presenta un alto riesgo de embotellamiento para la Administración.

Parte de las prisas provienen de la planificación de Moncloa, que ha decidido pedir todas las transferencias que corresponden a España en los tres primeros años de vigencia del plan, en lugar de espaciarlas hasta 2026. La estrategia del Gobierno es acudir primero a las transferencias para, a finales de 2023, decidir si también decide echar mano de los 70.000 millones en préstamos hasta 2026 que podría recibir España. De esta forma, toda la parte de ingresos directos llegarían en la presente legislatura, d ejando al siguiente Ejecutivo la decisión de si también pedir a la UE los créditos .

Por un lado, el plan de acelerar al máximo puede tener sentido para aprovechar el estímulo económico que supone elevar la inversión pública y movilizar la privada en un momento en el que la economía necesita salir de la crisis, además aumentando el impacto del plan. Pero al mismo tiempo España tiene de límite hasta 2023 para ejecutar los fondos que le corresponden del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, del que solo ha ejecutado un 34%, lo que puede dificultar aún más el aprovechamiento del Plan de Reconstrucción.

Según datos de la Comisión Europea, nuestro país planea aprovechar 56.174 millones en total (el 100%) de su parte del Presupuesto comunitario 2014-2020, de los que ha gastado 19.374 (un 34% hasta junio, el porcentaje más bajo de todos los países continentales frente a la media de la UE, que es del 49% a estas alturas) y, junto a lo ejecutado, ha decidido el destino de unos 44.919 millones (lo que daría un 80%, frente a la media del 93% en la UE). Aún queda un 20% sin decidir ni gastar, unos 11.255 millones.

«Es importante ser rápidos pero también hay que hacerlo bien. Conseguir las dos cosas a la vez no es fácil pero no debería ser imposible», señala el director de Fedea, Ángel de la Fuente quien añade que « hay proyectos más maduros o más sencillos que habría que ir poniendo en marcha primero, mientras se acaban de diseñar otros más complicados ». En su opinión, empeñarse en gastar primero las transferencias no tiene demasiado sentido, pues «los préstamos pueden ser la forma más razonable de financiar algunos de esos proyectos más fáciles de poner en marcha».

La Conferencia de Presidentes reunirá el próximo lunes, al menos telemáticamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidentes de las autonomías y la Federación Española de Municipios y Provincias con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El calendario incluye realizar un boceto con los proyectos y las áreas donde se piensa invertir de forma genérica –como presentó el Gobierno hace poco– y ya a finales de abril, junto al Plan de Estabilidad, mandar el detalle. Sin embargo, el Consejo y el Parlamento Europeo aún no han aprobado el reglamento correspondiente, lo que puede retrasar la llegada de los fondos.

«Si no hay coordinación puede ocurrir que se definan de forma estatal y la implementación autonómica no se corresponda», advierte el director del Centro de Políticas Económicas de Esade, Toni Roldán, quien reclama una agencia nacional, y que los proyectos vengan acompañados de reformas.

Máxime ante los optimistas cálculos de impacto de los fondos europeos sobre la economía que incluye el Gobierno. El crecimiento del PIB de 2021 pasaría del 7,7% al 9,8%, en lo que supone un multiplicador fiscal de 1,2 euros en la actividad por euro gastado. La Autoridad Fiscal y BBVA Research (que augura un multiplicador de 0,7) han advertido que estos cálculos están por encima del efecto de otros planes de estímulo, aunque fuentes del Ministerio de Economía explican que partidas como las de Educación o Políticas Activas de Empleo tienen un impacto mayor (de hasta 1,4) que los planes tradicionales que se han destinado a infraestructuras. «Los cálculos son absolutamente irreales», incide Roldán.

Por el momento, el Ejecutivo calcula que los fondos no llegarán hasta la segunda mitad de 2021, por lo que adelantará los 27.436 millones de euros de fondos que planea recibir para 2021. «En muchos fondos europeos se requería cofinanciación, que era difícil de encontrar en momentos de apuro presupuestario», explica De la Fuente, quien añade que como ahora las ayudas como mucho hay que adelantarlas, «ese cuello de botella se ha reducido».

Exceso de burocracia

Como fuere, se observa por un lado que España en los últimos años ha ido utilizando cada vez menos fondos europeos: de 2007 a 2013 ejecutó un 91,2% de los fondos, frente a la media del 94,1%. «En su momento se ejecutó bastante bien, pero en los últimos años se ha quedado mucho dinero por gastar. Se puede decir que la parte fácil ya se ha hecho, las grandes carreteras y obras, pero ahora los proyectos deben hilar más fino. En algún caso, se ha asignado demasiado dinero a objetivos difíciles de cumplir , como I+D en las regiones más atrasadas. Con los fondos europeos además se ha ido complicando mucho la burocracia, no sé si con el objetivo de que fuera más difícil gastar», añade De la Fuente.

Lo cierto es que la ejecución de fondos del Presupuesto comunitario ha caído en todos los países europeos frente al pasado. El economista Zsolt Darvas, del think-tank Bruegel , recuerda que el Tribunal de Cuentas europeo ya criticó en 2018 que «las prisas por absorber fondos pueden llevar a una evaluación insuficiente del rendimiento de la inversión», ya que los controles se centran «principalmente en la absorción y la legalidad» . La UE estudia aliviar parte de los trámites, de la misma forma que el Gobierno cambiará la Ley de Contratos Públicos y de Procedimiento Administrativo para eliminar trabas en un decreto que aprobará para diciembre.

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