Las eléctricas temen que los recortes del Gobierno dejen su beneficio «a cero»
La compañías, de nuevo en pie de guerra ante la posibilidad de que se aplique una tasa a la generación
L. M. O.
El secretario de Estado de Energía, Fernando Marti , ultima con su equipo de expertos la que será la segunda fase de la reforma energética. El sector es, de nuevo, un hervidero en el que las conversaciones entre las compañías y el Ejecutivo se ... intercalan con las declaraciones de intenciones. El discurso pronunciado por el ministro de Industria, José Manuel Soria, hace un par de semanas, en el que avanzaba que en el nuevo marco regulatorio se incluirían medidas fiscales «homogéneas» y «no discriminatorias», ha encendido las alarmas entre las eléctricas.
Adoptando una posición defensiva, la patronal Unesa (que agrupa a Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, E.On y HC Energía) ha advertido de que « un recorte de 1.000 millones de euros a la generación dejaría a esta actividad en beneficio prácticamente cero ». Y se refiere a la información publicada por medios especializados durante la semana, que apunta «a un incremento del 10% para las energías más competitivas», es decir, la de los operadores tradicionales (a los que representa Unesa), y, sin embargo, «supondría apenas un 1% para las tecnologías más caras del régimen especial (las solares)».
Esta propuesta sería más amplia que la inicialmente estudiada de imponer una tasa sobre las plantas ya amortizadas (hidráulicas y nucleares), beneficiadas por el un sistema de fijación de precios que retribuye a todas las tecnologías por igual, independientemente de su procedencia. La nueva tasa, con ese afán de equidistancia, afectaría a todas las fuentes de generación de electricidad, por cada megavatio producido , y se sumaría a los recortes a la distribución aprobados el pasado mes de marzo, que costaron a las compañías más de 680 millones de euros.
Reducción de la TUR
Sin embargo, las negociaciones siguen su curso. Fuentes del sector inciden en que, para evitar que todo el peso de los ajustes recaiga en las compañías, el Gobierno podría optar por acelerar la liberalización del mercado eléctrico y rebajar la potencia máxima (10 kilovatios) con la que los usuarios pueden contratar la Tarifa de Último Recurso (TUR), aquella regulada por el Ejecutivo a la que se acogen la mayor parte de los clientes (20 millones).
Rebajar esta potencia máxima hasta los cinco megavatios (o incluso menos) daría un vuelco al sistema actual y obligaría a millones de clientes a abandonar esta tarifa, de modo que poco más del 40% se mantendría regulado .
Fuentes del Ejecutivo niegan que haya un borrador, una propuesta en firme, que prevalezca sobre el resto de opciones. Una de las pocas certezas es la fecha en la que se aprobará el nuevo marco regulatorio: la segunda quincena de este mes. Mientras tanto, continúa la marcha atrás (y el cruce de declaraciones).
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