Demócratas y republicanos cierran en el Congreso un acuerdo sobre el 'plan de rescate financiero'

Incapaces de alcanzar un pacto durante la semana, los líderes del Congreso se habían colocado como meta ponerse de acuerdo antes de que abrieran las bolsas en Asia, conscientes de que el retraso del programa de ayuda podría llevar a una caída libre de los mercados y de que las repercusiones a nivel internacional serían profundas, tal y como como ha demostrado la decisión del Gobierno británico de nacionalizar el banco hipotecario Bradford & Bingley (B&B) o la venta de una parte del grupo Fortis.

Finalmente, esta madrugada los líderes de la Legislatura alcanzaban un principio de acuerdo sobre sus líneas generales, que ha contado con el respaldo de los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos. Ese acuerdo se ha traducido en un texto legislativo concreto, la llamada 'Ley de Estabilización Económica de Emergencia de 2008'.

Tras la divulgación del documento, se dejará un período de análisis público de 24 horas, lo que significa que el voto en esa cámara tendrá lugar a partir del lunes por la tarde. Posteriormente lo tendrá que votar el Senado. De ahí, si no hay obstáculos, irá a la Casa Blanca para recibir la firma del presidente George W. Bush.

El programa, que aspira a ser una de las mayores intervenciones en los mercados en la historia de Estados Unidos, tiene como principal objetivo desbloquear el flujo del crédito con la adquisición por parte del Gobierno de la deuda de mala calidad que intoxica los balances de los bancos. Para ello, utilizará un máximo de 700.000 millones de dólares. No obstante, el texto incluye nuevas cláusulas negociadas por los legisladores de ambos partidos.

En lugar de poner a disposición del departamento del Tesoro los 700.000 millones de dólares de una vez, los fraccionará. El Gobierno podrá usar 250.000 millones inmediatamente y otros 100.000 millones si el presidente Bush determina que los necesita. El Congreso puede retener los otros 350.000 millones si no está satisfecho con el desempeño del programa.

Los demócratas también han logrado introducir cláusulas para la protección del contribuyente. El proyecto establece un consejo de supervisión del programa, que incluirá al presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Chris Cox, entre otros altos cargos. Además, los contribuyentes recibirán derechos de compra de acciones (warrants), con lo que se beneficiarán si las empresas que reciben la ayuda se recuperan.

El Gobierno también limitará los ingresos de los directivos de las compañías participantes en el programa. Los jefes de empresas en quiebra no podrán recibir beneficios multimillonarios cuando son despedidos, los cuales se conocen en el argot financiero estadounidense como 'paracaídas dorado'. También elevará los impuestos a empresas que paguen a sus directivos por encima de 500.000 dólares al año.

Asimismo, el secretario del Tesoro podrá renegociar los términos de las hipotecas que adquiera para ayudar a los propietarios de viviendas con problemas para pagar las letras a fin de evitar el desahucio. El proyecto también incluye una cláusula exigida por los republicanos de la Cámara, los más reacios a apoyar el programa. Esa disposición da al secretario del Tesoro la opción de requerir que los bancos compren seguros para cubrir su cartera de títulos vinculados a las hipotecas.