«Pero, ¿por qué no puedo devolverle la casa al banco?»

Pero las cosas se torcieron. Los problemas para abonar unas letras que llegaron a alcanzar los 1.400 euros han venido atormentando a Luis Guillermo. Próximamente perderá su empleo porque la contrata de la empresa para la que trabaja con el Ayuntamiento de Madrid expirará y él, empleado temporal, se irá a la calle. Sabe lo que es que los bancos lo persigan a uno y no quiere que le vuelva a ocurrir. Por eso ha dicho basta. El otro día le dijo a la directora de su entidad bancaria que les devolverá el piso porque no quiere seguir encadenado a su hipoteca : «Tengo 51 años y me quedan 25 por pagar. Ni siquiera sé si viviré el tiempo suficiente».

El caso de Luis Guillermo no es excepcional. Cálculos realizados por asociaciones de consumidores y clientes de banca estiman en alrededor de 300.000 los hipotecados en apuros en España . Según datos del Consejo General del Poder Judicial, las ejecuciones hipotecarias se han triplicado, pasando de 58.000 a 180.000 en apenas dos años. Así las cosas, el asunto se ha convertido en una prioridad social y cada vez son más las voces que reclaman la instauración de la dación en pago , figura típica del derecho anglosajón, que se aplica en los Estados Unidos y que permite la cancelación del préstamo mediante la devolución al

banco del inmueble hipotecado .

El fenómeno ha propiciado incluso la aparición de asociaciones de afectados. Es el caso de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que no duda en afirmar que «junto al desempleo, la principal preocupación de las familias en el Estado español es el pago de la hipoteca que pesa sobre la vivienda habitual», diagnóstico que parece compartir la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha destapado con una promesa al respecto en la presente campaña electoral .

Pero el asunto es mucho más delicado de lo que podría parecer a simple vista. En una carta remitida a la ministra de Economía, Elena Salgado, el presidente de la Asociación Española de Banca (AEB), Miguel Martín Fernández, recordaba que cualquier modificación en las condiciones legales de garantías de los préstamos «repercutiría gravemente en la solvencia de las entidades de crédito», en un contexto además en el que estas son escrutadas con lupa por agencias de calificación y organismos supervisores. Como recordaba Martín, ahora, cuando todo lo que huele a España se mira con recelo en los mercados financieros, el peso de los préstamos españoles reviste importancia como baremo de la fiabilidad del país. La magnitud del asunto se comprende con una mareante cifra. La AEB calcula que el mercado de títulos hipotecarios español supera el medio billón de euros.

Pero estas consideraciones le quedan muy lejos a gente como Luis Guillermo, los que, animados por un contexto de crecimiento y especulación, se zambulleron en una hipoteca que ahora es una rémora insuperable y cuya letra pequeña ni siquiera entendieron. Bancos y clientes eran felices nadando en la burbuja. Ahora se ha desinflado y no saben cómo escapar de ella. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca denuncia que la voracidad de la banca propició «el sobreendeudamiento de las familias españolas , llegando a financiarse hasta el 120% del valor de las viviendas». Desde esta asociación, se afirma que «estas actuaciones, alentadas o al menos consentidas por los poderes públicos, fueron el producto de una relación simbiótica entre notarios , tasadores y entidades financieras e inmobiliarias ». Todo un entramado que se sostenía sobre las espaldas de quien está debajo, el deudor.

A argumentos como este se ha mostrado receptiva alguna instancia judicial, como la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, que en un auto tan celebrado como controvertido, eximió a una pareja de la deuda que todavía le reclamaba una entidad bancaria después de haber recuperado ya la casa que esta pareja no podía pagar. El auto, de exigua fundamentación jurídica y poco después contradicho por otra sección de la misma Audiencia, afirmaba, citando entre otros al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que la devaluación del inmueble era consecuencia de la crisis económica , «que tiene su origen en una causa precisa (...), que no es otra que la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades financieras».

Al margen de lo convincentes o no que puedan resultar este tipo de argumentaciones, lo cierto es que la cuestión está abierta. Esta semana, Esperanza Aguirre alborotaba la campaña electoral con su promesa de que en Madrid las nuevas hipotecas contemplarían la posibilidad de la dación en pago . Aguirre se hacía eco así de una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, pero la administración autonómica tiene escasas competencias en una materia que está regulada por la Ley Concursal y la Ley de Enjuiciamiento Civil. En España, la dación en pago se contempla; lo que pasa es que las entidades prefieren no incluirla en la inmensa mayoría de los contratos . Así, si el acreedor deja de pagar, el piso se subasta para cubrir la deuda , pero si la subasta queda desierta , como está ocurriendo habitualmente, el banco puede adjudicarse el inmueble por el 50% de su valor, quedando pendiente el resto de la deuda. O sea, que uno puede quedarse sin casa , pero seguir debiéndole una fortuna al banco .

El drama social que esto genera ha llevado el asunto hasta el Parlamento. El pasado 22 de febrero, el Congreso rechazaba una proposición de ley de Izquierda Unida e Iniciativa Per Catalunya Verds que preveía la cancelación de la hipoteca con la devolución del inmueble . PSOE y PP votaron en contra arguyendo que la proposición invadía competencias autonómicas, pero desde ambas formaciones reconocieron la existencia del problema. Pablo Matos, diputado del PP admitía rotundamente, que los procedimientos de ejecución hipotecaria son actualmente «desproporcionados y tremendamente injustos».

Efectivamente, en otros estados europeos la legislación es menos severa que la española. En Francia, desde 1989, la conocida como Ley Neiertz establece las condiciones para una negociación entre acreedor y deudor. En Inglaterra está vigente la dación en pago , mientras que en países como Polonia y Portugal se contempla una suerte de proceso de negociación que conduce a la condonación de la deuda cuando se trate de deudores de buena fe.

Fórmulas como estas son las que está estudiando la subcomisión parlamentaria que ahora trata el asunto en el Congreso de los Diputados después del primer rechazo que ya sufrió la dación en pago. El espinoso asunto está en la agenda de sus señorías. Mientras, España se va llenando de gente como Luis Guillermo, que ya no aguanta más. Hoy mismo está en su sucursal bancaria intentando que le acepten la devolución del piso. En el banco le han dicho que le darán cuántas facilidades de pago se pueda, pero que no quieren la casa. De la burbuja no se sale así como así.