Cronología de un ajuste y una crisis perenne: cómo la deuda pública se ha duplicado en veinte años

Tampoco es esta la primera vez que se recurre a los tributos para reducir la deuda pública, que ha aumentado en 24,5 puntos del PIB en 2020, hasta el 120% del PIB. Una cota que no se veía desde 1902, otro precedente histórico que recoge que entonces el pasivo superó el 123,6% del PIB fruto de la factura de las guerras de Cuba, Filipinas y Puerto Rico. El por entonces ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde , a fin de sanear el Erario público, aprobó el llamado «impuesto sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria», que gravaba el salario de los trabajadores y los beneficios de las empresas, además de subir la fiscalidad del azúcar y el tabaco.

La gran diferencia con el pasado es que en esta ocasión ha sido la guerra contra el virus la que motiva que ahora haya que aumentar los ingresos o bajar los gastos. Como han recordado esta semana el Banco de España y la Autoridad Fiscal, España va a tener que hacer frente a un ajuste gradual pero sostenido en los próximos años para ir reduciendo el mayor déficit público de la UE (un 11% del PIB, de los que 4,5 puntos vienen por la pandemia) y un desequilibrio estructural que va a ser mayor que el de 2019, incluso cuando se recupere el PIB precrisis (en 2023, según la Airef) ya que en tres años se tendrá un desvío del 4,5% del PIB frente al 3,5% prepandémico. Como telón de fondo aguarda una tarea más ímproba: que adelgace una deuda que ha triplicado su peso desde 2007 y amenaza con pervivir durante décadas, viendo cómo la generación del baby boom está a las puertas de la jubilación, con la reforma de las pensiones en negociaciones.

¿ Qué ha ocurrido en el pasado reciente ? Lo que se observa es que la política fiscal ha sido contraria a lo que mandan los manuales: procíclica y no contracíclica, con bajadas de impuestos en períodos de crecimiento de la economía y subidas en recesión, es decir, en el momento en los que más daño se inflige a la actividad.

Así ha sido en los últimos 25 años. El Gobierno de José María Aznar bajó el IRPF en dos ocasiones, en 1999 y 2003, cuando la economía crecía a pleno pulmón –el PIB repuntó un 4,5% y un 3% respectivamente– en años preelectorales. José Luis Rodríguez Zapatero realmente hizo lo mismo y bajó IRPF y Sociedades en 2007, un año antes de la cita con las urnas en 2008 y con la economía creciendo un 3,6%. En época de vacas gordas, España entró en el euro con un déficit público del -0,3% del PIB y una deuda del 51,2% en 2002, por debajo del 3% y el 60% respectivamente que imponían los criterios de Maastricht.

Posteriormente, llegaron mal dadas y comenzó el ajuste ante la crisis financiera internacional y el posterior estallido de la burbuja inmobiliaria. Pese a que en 2007 España había cosechado superávit por tres años consecutivos y contaba con una deuda pública del 35,8%, en 2009 el déficit ya marcaba doble dígito, con un 11,3%. El Ejecutivo de Rodríguez Zapatero aprobó el Plan E, con 8.000 millones en 2008 y 5.000 en 2010, para obras públicas por las corporaciones locales.

A renglón seguido vinieron los ajustes: justo se cumplen once años esta semana del pleno en el Congreso en el que el presidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero , anunció la subida del IVA del 16% a 18%, el recorte del 5% de las retribuciones de los funcionarios y la supresión del cheque bebé . El PIB apenas creció un 0,2% en dicho año tras haberse dejado un 3,8% en 2009 y el paro acabó el año en el 20%, todo antes de que la economía se volviera a zambullir en la recesión ante la crisis de deuda del euro. Las medidas tuvieron un impacto de 7.078 millones de euros, frente a los 19.000 que se anunciaron entonces.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder a finales de 2011, la economía acabó el año con una recesión del -0,8%, un déficit público del -9,7% –el objetivo comprometido con Bruselas era del -6%–. Para 2012 aprobó una subida del IRPF y del IBI y, en julio de 2012, un incremento del tipo general del IVA del 18% al 21%, además de eliminar la paga extra de Navidad a los funcionarios en ese ejercicio. La economía se contrajo un 3% ese año, y el déficit y la deuda se dispararon hasta el -10,7% y el 86,3% respectivamente, ante el gasto en desempleo y el impacto del rescate a la banca pedido a Bruselas por 40.000 millones. Las subidas de impuestos reportaron 19.462 millones adicionales en 2012 y 2013.

Después en 2013 se sucedieron más subidas de impuestos, a alcohol y tabaco , mientras la economía ese año tocó fondo y se contrajo un 1,4%. La deuda siguió escalando al 95,8% del PIB mientras el déficit comenzó a reducirse, al 7%. Posteriormente, en 2014 se volvió al crecimiento con un alza del PIB del 1,4% y, un año más tarde, el Ejecutivo de Rajoy bajó el IRPF y el impuesto de Sociedades. En 2015 y 2016, años electorales, el impacto de ambas medidas fue de 12.300 millones menos de ingresos. Además, se devolvió la paga extra a los empleados públicos de 2012.

Un año más tarde, en 2016 , se endurecieron los pagos fraccionados y eliminaron deducciones en Sociedades y se subió la presión fiscal a alcohol y tabaco. Todo ello, ante el incumplimiento del objetivo de déficit, del 4,3% en 2015, acabando en el 5,3%, y con la deuda pública en el entorno del 99% , si bien la economía entonces crecía al 3%. Se ingresaron 4.250 millones más.

Si en 2018 España, por primera vez en una década, salía del Procedimiento de Déficit Excesivo (PDE) al bajarlo del 3% del PIB y parecía haber iniciado, tímidamente, la bajada de la deuda pública, en 2019 el Gobierno de Pedro Sánchez, elevó el desequilibrio por primera vez desde 2012, al 2,9%, todo ello en año electoral por partida doble, ante la repetición de las elecciones generales. Ello redujo más un margen fiscal que peligraba, justo antes de la mayor crisis económica desde la Guerra Civil, cuando el despliegue de los ERTE, prestaciones por cese de actividad y demás medidas del escudo social han disparado el déficit y la deuda.

El FMI ha constatado en repetidas ocasiones que España incumple sus objetivos de déficit y empeora su situación fiscal cada vez que hay urnas de por medio. Ahora el Ejecutivo quiere que las subidas de impuestos comprometidas a Bruselas en el Plan de Recuperación lleguen cuando la economía se haya recuperado, para 2023, aunque hay una fecha que hace dudar de que el Gobierno siga adelante con sus intenciones: si no hay adelanto, las elecciones se celebrarán entonces.