El Gobierno convoca a los sindicatos de funcionarios para anunciarles los ajustes

El recorte del salario de los funcionarios y el aumento de su jornada laboral es una de las medidas que recomienda Bruselas a España para poder cumplir con el objetivo de déficit para este año. Fue el propio ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, quién avanzó ayer que el Gobierno estudia la posibilidad de ampliar la jornada laboral a los funcionarios para aproximar su régimen laboral al del sector privado.

Según fuentes sindicales, la reunión será a las 17.00 horas en la sede de la Dirección General de la Función Pública y estará presidida por el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Miguel Borra, presidente de CSI-F, el sindicato mayoritario entre los funcionarios, ha confirmado a ABC que aún no han sido informados de las medidas que se propondrán mañana. Sin embargo, ha recordado que la mesa de la función pública se convoca únicamente cuando se van a modificar las retribuciones o la jornada laboral de los empleados públicos, y ha mencionado la posibilidad de que se suprima una paga extra.

Algunos funcionarios consultados por ABC también se han mostrado preocupados por la posible supresión de los trienios y las remuneraciones de productividad.

Cristóbal Montoro indicó ayer en los cursos de verano de la Universidad Complutense que al país no le conviene la imagen de que con aprobar una oposición ya se «tiene todo hecho» . En este sentido, el ministro recordó que «la oposición es un método de selección para que estén al servicio público los mejores, no para tener un puesto seguro frente al resto», y que los funcionarios tienen que «cumplir todos los días».

«Lo que haremos es asimilar el régimen laboral de la función publica al régimen existente en el sector privado , ése es el camino hacia donde vamos y lo que estamos considerando hacer», dijo.

El ministro no quiso desvelar si el Gobierno se plantea también eliminar los 'moscosos', los días para asuntos propios de los que disponen los funcionarios, e insistió en que su idea es avanzar en el número de horas semanales que trabajan.

Por otro lado, admitió que el Gobierno también está considerando la posibilidad de que los funcionarios sean sometidos a evaluaciones permanentes con «más peso» para que ver cuáles son productivos y para que la Función Pública vaya adquiriendo eficiencia en la prestación de servicios.

Montoro no ha mencionado que el Gobierno esté planteándose eliminar alguna de las pagas extraordinarias de los empleados públicos, aunque hay quién apunta que la medida está sobre la mesa.

Según un informe publicado hoy por Pimec, la patronal de las Pymes catalanas, e n España el número de funcionarios ha aumentado un 5,3% entre 2007 y julio de 2011 , lo que supone 415.243 personas más trabajando en el sector público. Según dicho informe, la administración autonómica es la más empleadora, con un 50,1% del total de trabajadores, seguida de la administración local con un 24%, la administración estatal con un 22% y las universidades con un 3,8%.

Miguel Borra ha criticado desde CSI-F que el Gobierno sitúe a los empleados públicos «en el punto de mira» cada vez que tiene que anunciar recortes.

Además, Borra ha reprochado la actitud para con los funcionarios tanto de este gobierno como del anterior, ya que a su juicio, «no negocian con nosotros: solo nos informan». En este sentido, afirma que con la reunión de mañana «el Gobierno únicamente cumple con un trámite».

Borra recordó que los grandes problemas del sector público, como la proliferación de empresas públicas, «no son culpa de los funcionarios, sino de los políticos» , que han permitido y toleran, por ejemplo, que España tenga 170 embajadas en el extranjero, que haya televisiones autonómicas y locales con enormes déficit y que haya empresas públicas que gestionan estaciones de esquí y construcción de colegios, algo que puede hacer perfectamente la empresa privada.

CC.OO. también respondió ayer a las intenciones del Gobierno de alterar las condiciones laborales de los empleados públicos. La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de este sindicato calificó de «intolerable» que el Gobierno pretenda hacer caja a costa de los empleados públicos.

CC.OO. avisó de que la supresión de una paga extra a todos los empleados públicos «sería un atentando sin precedentes» sobre el colectivo, «que ha necesitado años de lucha y negociaciones para conseguir equiparar sus pagas extra a sus salarios y que sufriría así un nuevo recorte de su poder adquisitivo».