La reforma laboral cumple 100 días

Cuando se aprobó la reforma, había inscritos en los servicios públicos de empleo (antiguo Inem) 4.712.098 parados. A finales de abril (último dato oficial), la cifra había aumentado a 4.744.235 (+32.137). El número de contratos firmados ese mes apenas superó el millón (1.003.167), de los que solo 90.123 (9%) fueron indefinidos.

Una de las pocas notas positivas de esta conmemoración es que el paro entre los menores de 25 años ha descendido ligeramente en estos 100 días, situándose a finales de abril en 500.758, lo que supone el 10,6% del total de desempleados. Asimismo, en ese periodo ha aumentado el número de afiliados a la Seguridad Social en 21.967 personas (hasta 16.919.079) y el de trabajadores autónomos en 15.976 (3.057.272).

Llama la atención que del total de contratos indefinidos únicamente 10 correspondieron a la modalidad de «fomento de la contratación indefinida», que tiene una indemnización de 33 días por año trabajado y que fue el que propugnaba la reforma laboral aprobada por el Gobierno socialista hace dos años.

Ese decreto-ley entró en vigor el domingo 12 de febrero y el 8 de marzo fue aprobado por el Congreso, que acordó su convalidación y su tramitación urgente como proyecto de ley, el cual, será aprobado el próximo jueves por la comisión de Empleo de la Cámara Baja.

Precisamente, CC.OO. y UGT quieren aprovechar este trámite parlamentario para convocar las enésimas movilizaciones contra la reforma laboral. Estos sindicatos, que llevaron a cabo una huelga general cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aún no había cumplido 100 días, no solo han realizado ya numerosos actos de protesta contra la nueva norma, sino que, como confirmaron ayer sus secretarios generales, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, «habrá más movilizaciones en junio y después del verano». Cabe recordar que destacados dirigentes del PSOE han estado en las primeras filas de las manifestaciones.

Por otra parte, la Defensora del Pueblo ha rechazado de momento la petición de esos sindicatos de presentar un recurso contra la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional.