Señales para el optimismo en el sector eléctrico

En plena transformación de la matriz energética hacia una política de descarbonización de los consumos energéticos, auspiciada en Europa por el «Green Deal» y en los países por los Planes Nacionales Integrados de energía y clima, que impulsan una economía verde, aparece un tsunami que pone en cuestión el modelo a futuro de esa economía. Según las previsiones más recientes del Banco de España se espera una caída del PIB en 2020 entre el 10,5% y el 12,6%, empeorando las previsiones del mes de mayo y observando una ralentización de la recuperación. En las proyecciones, no se recobran los niveles precovid hasta 2022. Traducido en términos de proyecciones de la demanda de electricidad la caída será del 8% en 2020, produciéndose una recuperación media del 6,5% anual durante 2021 y 2022. Datos soportados por las reacciones del mercado de futuros de electricidad que apuntan a precios próximo a los 45 euros/MWh en 2022 y 2023.

Las perspectivas de precios en el medio-largo plazo estarán marcadas por la disminución de la demanda y su potencial recuperación según el nivel de reactivación de la economía, el nivel de penetración de las energías renovables y los precios del gas natural y el CO2 en los mercados internacionales. Resultados no muy distintos de las tendencias y previsiones bajistas anteriores a la crisis que han sido avalados y aceptados en el mercado por algunas de las operaciones de contratación de la electricidad a través de PPA recientes. Este panorama emite señales de cierta normalidad, tranquilidad e invitación al optimismo para continuar con la hoja de ruta existente hacia la descarbonización y la transición energética.

Las bases que sustentan esta transformación están bien definidas en los instrumentos de la política energética en los que se viene trabajando en los últimos meses con gran intensidad: el PNIEC, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Estrategia de descarbonización 2050 o el Plan de adaptación al cambio climático.

Adicionalmente, en un nivel inferior de rango normativo, un conjunto de medidas que permitan hacer realidad la consecución de los objetivos de la transformación: las nuevas subastas para las renovables, el impulso a las comunidades energéticas, agregación de la demanda o la hibridación de tecnologías. El impulso al desarrollo de puntos de recarga para la movilidad eléctrica, como elemento esencial para evolucionar hacia el enorme objetivo de tener 5 millones de vehículos eléctricos por nuestras calles en 2030.

Y por último, aunque quizá lo más importante, la reacción de los mercados y la inversión ante estos proyectos de la política energética. Son señales que invitan al optimismo. Según los datos de REE, para un objetivo de crecimiento de las renovables a 2030 de 60 GW, ya hay permisos de acceso y conexión a la red que superan los 130 GW . Las empresas distribuidoras de electricidad están reclamando acelerar y anticipar las inversiones del PNIEC. El propio plan estima inversiones del orden de 2.300 millones anuales. Por cada euro invertido las inversiones en redes contribuyen con un efecto multiplicador de tres a generar importantes beneficios socioeconómicos con la triple ventaja de suponer atractivas inversiones con granularidad y permeabilidad en la economía, desarrollar infraestructuras en el país hacia la modernización y transformación hacia la descarbonización y aprovechar las ventajas del marco regulatorio para trasladar los costes a los consumidores de forma gradual e incluso con un decalaje de dos años.

Pero para que estas señales bañadas de optimismo den frutos habrá que seguir avanzando en los detalles de la implantación de un marco regulatorio claro, ejecutivo y alentador para hacer atractivas las inversiones.

Carlos Solé es socio responsable de Economía y Regulación de KPMG España