Calviño descarta bajar impuestos: «No hay lugar para políticas fiscales irresponsables»

Es necesario «encontrar el equilibrio» entre la consolidación presupuestaria y el nivel adecuado de gasto público, que no asfixie los servicios ni aumente la carga de la deuda, ha añadido.

Con respecto al aumento impositivo que se aplicará el próximo año, Calviño ha señalado que dependerá del objetivo de déficit con el que finalmente se cuente , lo que dependerá de que la flexibilización propuesta por el Ejecutivo salga adelante en las Cortes, ya que su rechazo implicaría un aumento impositivo «muchísimo más importante» porque no es posible una financiación basada en la deuda.

Así, ha defendido la propuesta del Gobierno de flexibilizar los objetivos de déficit público para los próximos años porque los actuales son «poco realistas» y porque responden a la aplicación del Presupuesto que está en vigor.

La ministra ha mostrado la determinación del Gobierno para elaborar el proyecto presupuestario para el próximo año, que permitirá impulsar una senda de estabilidad «realista y responsable».

Ha insistido en que la estabilidad es necesaria para desarrollar las reformas y que España se encuentra «en una fase positiva del crecimiento económico», pese a que se está desacelerando «ligeramente».

Ha recordado que esta moderación, que se mantendrá en los próximos meses, ya estaba prevista, por lo que ha considerado que no resulta apropiado «lanzar mensajes alarmistas sobre un cambio de tendencia», algo que «no resulta preocupante», aunque «hay que seguirla de cerca».

Entre los factores que afectan a esta desaceleración ha citado el fin de los vientos de cola, como el crecimiento económico mundial o la política monetaria expansiva , a lo que ha unido el reto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, entre otros.

También se ha referido a desequilibrios como la «cronificación» del paro en determinados segmentos de la población, ya que una tasa del 15% es «inaceptable», el «desorbitado» crecimiento de la deuda pública, el alto déficit público estructural o los altos niveles de desigualdad y pobreza.

«La coyuntura es favorable para abordar estos temas ya», ha subrayado, porque España se encuentra en la fase expansiva del ciclo económico.

Ha cifrado en 12.000 millones de euros la pérdida de ingresos derivada de la reforma fiscal de 2015, algo que «no es coherente con una política de reducir el déficit público».

La ministra a su vez descartó hoy que el Gobierno tenga intención de vender a corto plazo la participación pública en Bankia, que supone el 60% del capital , ya que en su opinión éste «no es el momento de vender».

«Bankia es una entidad financiera que está gestionada de forma profesional y que tiene resultados correctos», explicó e insistió en la necesidad del Gobierno de «mantener la estabilidad financiera y maximizar la recuperación de las ayudas públicas».

En ese sentido, explicó que «con unos precios de mercado tan bajos como los que hay en este momento, no es tiempo de plantearse vender . Eso creo que lo entiende todo el mundo».

Por ello, y aunque el Gobierno tiene «un objetivo de privatización», esto «no es mañana», sino que «tenemos tiempo para considerar cuáles son las distintas opciones».

«Más que correr, lo importante es hacerlo bien, porque tenemos que intentar recuperar el máximo de dinero para los contribuyentes públicos que tanto tuvieron que destinar para sanear las cuentas de ésta y otras muchas instituciones financieras», señaló.

Sobre la inversión en la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), apuntó que el Gobierno está apoyando la implantación del plan estratégico para tratar de cumplir los objetivos en relación con la reducción de la deuda, y recordó que la Administración es «un socio importante y que participa activamente» en la toma decisiones, pero «no el único».

Durante su participación en este foro, Calviño también expresó sus «serias dudas» de que la extensión de la sanidad universal conlleve un aumento del gasto , y defendió que, por el contrario, podría implicar un «uso mucho más eficiente del gasto público», ya que quienes estaban excluidos sí tenían derecho a los servicios de urgencias, que son mucho más caros que la atención primaria.

«A nadie beneficia que haya gente enferma en nuestras calles", aseguró, al tiempo que ello se traduce también en "una mejora de los niveles de sanidad en la sociedad».

Otro tema que abordó la ministra fue el retraso en la transposición de la normativa comunitaria sobre el crédito hipotecario, algo que reconoció que le preocupa, entre otros motivos porque podría conllevar una multa de 100.000 euros al día.

«Es una multa millonaria», y por ello en julio «pedimos la tramitación urgente de la Ley del Crédito Hipotecario», pero «lamentablemente esta semana nos llega la noticia de que la Mesa del Congreso la ha rechazado, por razones que se me escapan».

Por ello, vio «incomprensible que no se vea la urgencia de la tramitación parlamentaria de una norma cuyo retraso puede tener consecuencias muy negativas para el sector público y para la seguridad jurídica».

Por todo ello, anunció que tanto hoy en el Senado como mañana en el Congreso tratará de instar a los legisladores a que impulsen su tramitación, para la que mostró su «total disposición para encontrar la mejor forma de acomodar todos los puntos de vista sin poner en riesgo el buen funcionamiento del mercado hipotecario».