La UE someterá a «vigilancia reforzada» a los países en crisis

Bruselas realizará un seguimiento trimestral de los países sometidos a este tipo de vigilancia reforzada, en particular de los desequilibrios macroeconómicos y la evolución del sector financiero, y podrá obligar a la realización de test de estrés. También podrá enviar misiones sobre el terreno cuando lo considere oportuno. Este tipo de vigilancia reforzada, aunque no estaba prevista en la legislación de la UE, ya se aplicó por primera vez en noviembre pasado en Italia, cuando el agravamiento de la crisis de deuda forzó la dimisión de Silvio Berlusconi.

La norma permitirá obligar a los países en crisis a pedir asistencia financiera a la UE. El objetivo de esta medida es evitar un agravamiento de la situación y un aumento de los costes del rescate. Cuando se considere que la situación de un país tiene "efectos significativos adversos" sobre la estabilidad financiera de la eurozona, el Ecofin "podrá recomendar al Estado miembro afectado adoptar medidas de precaución o preparar un borrador de programa de ajuste macroeconómico", primer paso para solicitar el rescate.

La recomendación, que se aprobará por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión, así como los trabajos preparatorios, "se considerará confidencial", tal y como reclamaba una mayoría de Estados miembros, entre ellos España, para evitar ataques de los mercados. No obstante, el Ecofin podrá decidir hacerla pública.

El Ecofin ha aprobado además una segunda norma para mejorar la coordinación presupuestaria entre los países de la eurozona y prevenir así futuras crisis de deuda. La norma obliga a todos los Estados miembros a presentar a Bruselas, como muy tarde el 15 de octubre de cada año, un proyecto de plan presupuestario para el ejercicio siguiente. El Ejecutivo comunitario presentará un dictamen si lo considera necesario y podrá reclamar cambios en el proyecto de presupuesto si detecta desviaciones importantes respecto a los objetivos de ajuste fiscal del país en cuestión.

Finalmente, la norma exige que los presupuestos de los países de la eurozona se basen en previsiones económicas elaboradas por órganos independientes de los Gobiernos para garantizar que sean realistas y no excesivamente optimistas, como ha ocurrido en los últimos años en la mayoría de Estados miembros.