La banca pondrá hasta 20.000 millones para sacar el ladrillo de sus balances

El Gobierno tiene la intención de anunciar esta semana cómo se articularán las nuevas sociedades inmobiliarias

madrid Actualizado:

La factura hasta ahora se cifraba en 110.000 millones de euros. Y en tan solo cuatro años. Pero no basta. Y el Gobierno lo sabe. El sistema financiero español necesita más capital para seguir con su reestructuración y el saneamiento de sus carteras inmobiliarias. Hasta ahora, entre avales para tener liquidez y ayudas para fortalecer la solvencia, la inyección a la banca española era esa cifra que, según diversas fuentes consultadas, coinciden en decir que subirá en, al menos, 50.000 millones más. Una cantidad adicional a los 53.000 que exige la última «reforma Guindos».

Según ha podido saber ABC, las entidades están dispuestas a aportar otros 20.000 millones de euros de esos 50.000 millones adicionales, pero ni un euro más porque, entre otras razones, ya no disponen de capital extra para este fin. ¿Cómo? Adelantando las cuotas fijas al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) o haciendo aportaciones extraordinarias al mismo. ¿Y el resto? En el sector piensan que debería ser dinero público, pero el Gobierno lo ha descartado por activa y por pasiva. Y lo ha hecho una vez más. No habrá dinero público. El Ejecutivo insiste en que el Estado, para no afectar al déficit, no sufragará el proceso.

Goldman Sachs alertaba hace días que a los más de 53.000 millones que ha supuesto la primera fase del saneamiento del sector habría que sumarle otros 58.000 millones en una segunda fase por el empeoramiento de la economía, salvo que se cree un «banco malo», en cuyo caso la factura se reduciría a 21.000 millones, cifra que cuadra con lo que está dispuesto a adelantar el propio sector.

Préstamos

Según fuentes financieras, el Ejecutivo de Mariano Rajoy y el Banco de España han negociado en el último mes con los altos ejecutivos de los grandes bancos españoles incrementar su aportación obligatoria al FGD, y en vez de aportar el 2 por mil de sus depósitos, podrían elevarlo hasta el 3 por mil o, en su caso, realizar contribuciones extraordinarias. Sería una especie de préstamos, a un buen tipo de interés, que irían devolviendo poco a poco a lo largo del tiempo. El plazo aún está también negociándose. A día de hoy, el FGD cuenta con recursos de poco más de 2.000 millones de euros, después de las últimas adjudicaciones por subasta de CAM a Banco Sabadell y de Unnim a BBVA. Una cantidad que ni siquiera cubriría la subasta de Banco de Valencia.

Y mientras se sigue discutiendo la forma de conseguir más capital para proseguir con el saneamiento de los bancos, varios organismos internacionales han dudado en las últimas semanas de que el Gobierno de Rajoy pueda concluir la reestructuración sin poner dinero público. Es más, el FMI ha advertido en un informe publicado hace unos días que pueden ser necesarias inyecciones de capital público para este proceso, una vez se agoten las aportaciones de los bancos, en clara referencia al FGD.

Por ello, y con el objetivo adicional de desbloquear la concesión de crédito, Economía y el Banco de España volvieron a lanzar la semana pasada la posibilidad de que los bancos saquen de su balance los activos tóxicos. ¿Hablaban de «banco malo» del ladrillo? El Gobierno optó por una nueva denominación: sociedades inmobiliarias. Y si bien las grandes entidades se mostraron en público reticentes a esta opción, porque tienen capacidad suficiente para soportar el peso de sus activos morosos sin sacarlos de sus balances, no se niegan a que los más pequeños lo hagan.

Eufemismo financiero

Fuentes financieras aseguraron a este periódico que el gabinete dirigido por De Guindos tiene la intención de anunciar ya esta misma semana la creación de una «sociedad inmobiliaria» a la que las entidades trasladarán sus activos adjudicados más problemáticos, entre suelo y viviendas.

¿Y esto no es un banco malo? El Ejecutivo insiste en no llamarlo así porque un «banco malo», como se hizo en Alemania, Holanda e Irlanda, requiere ayudas públicas. Y la intención de Moncloa es no usarlas. «Se ha hecho una valoración más ajustada a la realidad del valor del suelo, de la vivienda y las promociones en curso y eso hará posible que se puedan desgajar esos activos, sacándolos de los bancos. Eso siempre fue lo que tuvo previsto el Gobierno», explicó el propio De Guindos, aunque no detalló la fórmula.