Almunia avisa de que la solución a las preferentes es solo tarea del Gobierno
El vicepresidente de la Comisión Europea cifra en el 8,5% el interés mínimo que las entidades pagarán al FROB por la ayuda de Bruselas
MONCHO VELOSO
Moncloa y Bruselas negocian las condiciones ligadas a la línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros que recibirá el Gobierno español para sanear la banca del país. Algunas cláusulas, eso sí, se antojan intratables. El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ... ha advertido de que esa ayuda exige a cambio un "reparto de esfuerzos" por el cual los accionistas y titulares de títulos como participaciones preferentes de las entidades apuntaladas con dinero público deberán asumir parte del coste de reestructuración. Y ha añadido que es el Estado o los gobiernos autonómicos quienes, de forma voluntaria, pueden compensar a esos inversores.
"No se puede compensar a titulares de preferentes con el dinero que las entidades reciban de Bruselas pero sí con cargo a los presupuestos del Estado", ha dicho en Santander el comisario de Competencia durante su intervención en el curso "La crisis del euro", organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) y BBVA. De esta forma, Almunia deja en manos del propio Gobierno español y de las comunidades autónomas la responsabilidad de dar una solución a los usuarios atrapados en esos productos financieros.
El socialista ha recordado que la pérdida que puedan asumir los accionistas de esas entidades forma parte del riesgo que asumen al adquirir dichos títulos, aunque en el caso de las preferentes ha matizado que antes de tomar una decisión deberá clarificarse cómo se comercializaron. "Eso sí, no se puede utilizar dinero público para hacer un canje a precios diferentes de los del mercado", ha añadido.
Almunia ha explicado que este condicionante es parte de las exigencias que hará Bruselas a las entidades que sean rescatadas con dinero público, y que incluyen la obligación de presentar un plan de negocio viable y la prohibición de políticas comerciales agresivas, como ofrecer depósitos con elevadas rentabilidades.
El comisario ha defendido estos requerimientos como una fórmula para garantizar que se da un uso correcto al dinero del contribuyente empleado para apuntalar bancos y cajas. Bajo esa misma premisa, Almunia ha dicho que las entidades que reciban esos fondos deberán retornarlo al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), órgano que se encargará de gestionar la ayuda, pagando un tipo de interés mínimo del 8,5%, frente al 3% o 4% que pagará el Estado a Bruselas.
En este sentido, e insistiendo en el mensaje que ya lanzó días atrás, Almunia ha explicado que la reestructuración de una entidad no puede resultar más cara que su liquidación ordenada.
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