La Administración revocará las licencias de Uber y Cabify que cometan cinco infracciones «muy graves» en un año

La medida quedará articulada a través de un anteproyecto de ley que modificará la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT) en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) . El borrador de este anteproyecto, al que ha tenido acceso ABC, añade tres nuevas infracciones al régimen sancionador vigente. Cualquiera de ellas puede ocasionar la mencionada suspensión de licencias.

¿Cuáles son estas nuevas faltas? Para empezar, las VTC no podrán iniciar un servicio «en un ámbito territorial distinto de aquel en que resulte obligatorio hacerlo o, en su caso, se incumplan las limitaciones que definen la prestación habitual del servicio en el territorio en el que se encuentre domiciliada la autorización». Antes, este tipo de licencias podían realizar el 20% de sus trayectos fuera de la región que eran concedidas. Era la conocida habitualidad, que quedó derogada con la cesión del sector a las comunidades.

Además de ello, el titular de la autorización deberá inscribir los datos de un servicio en el registro electrónico de comunicaciones de VTC de la DGT antes de realizarlo . El Gobierno pretende poner en funcionamiento este listado, perfilado por el anterior Ejecutivo, antes de que concluya el año.

Por último, el anteproyecto de ley también recoge como falta la «recogida de clientes que no hayan contratado previamente el servicio, así como el incumplimiento de cualesquiera otras condiciones de prestación» establecidas en esta ley y en el real decreto-ley aprobado el pasado 28 de septiembre. Hay que recordar que muchas asociaciones de taxistas habían criticado que los vehículos de Uber y Cabify estaban recogiendo clientes en la vía pública que no habían solicitado sus servicios.

De igual forma, el nuevo anteproyecto de ley modifica el apartado 143.4 de la LOTT para incluir la posibilidad de que cualquier vehículo que realice alguna de estas tres infracciones pueda ser inmovilizado «hasta que se supriman los motivos determinantes de la infracción». Además, se incrementan las multas por infracciones como incumplir la legislación aplicable en materia de tiempos de conducción y descanso de los conductores desde una horquilla entre 600 y 800 euros a otra que va de los 1.000 a los 2.000 euros.

Por contra, se derogan dos infracciones graves. Por un lado, se revoca la norma que prohíbe el alquiler de VTC «fuera de las oficinas o locales que reglamentariamente se determinen, así como la búsqueda o recogida de clientes que no hayan sido contratados previamente». Además, dejará de ser sancionable la salida de los vehículos «del lugar en que habitualmente se encuentren guardados o estacionados los vehículos sin llevar a bordo la documentación exigible o llevándola incorrectamente cumplimentada».

Esta norma seguirá una tramitación distinta a la que tendrá que afrontar el real decreto-ley aprobado a finales de septiembre, que dejará en manos de las comunidades las competencias sobre las VTC si es apoyado por el Congreso el próximo jueves. El taxi se había mostrado a favor de estas nuevas sanciones, aunque reclamaba que fueran tres y no cinco el número de infracciones anuales que conllevan la revocación.