PGE 2019: El final del ciclo expansivo

Parece que las propuestas sueltas hechas por España están corriendo mejor suerte. La CE ha advertido al presidente Sánchez que puede haber un riesgo de que España se desvíe del ajuste estructural exigido por Bruselas para 2019, y le pide que amplíe la información aportada sobre las medidas incluidas en el «borrador» de presupuesto. El presidente «ha prometido» que este PGE tendrá el mayor «ajuste estructural» que se ha hecho en España desde 2013. Para lograr la bendición de Bruselas va a enviar una explicación detallada de algunas de las medidas propuestas.

España saldrá en 2018 del «Procedimiento de Déficit Excesivo» . La economía española mantiene tasas de crecimiento positivas, ligeramente superiores a la media europea, pero muestra signos de desaceleración. La demanda interna ha iniciado su ralentización. La positiva aportación de la demanda externa al incremento del PIB se erosiona y la balanza de bienes tenderá a consolidar su posición deficitaria. La cuestión es si el deterioro de la coyuntura se agudizará y se traducirá a corto-medio plazo en la entrada de España en una fase de crecimiento bajo con serios riesgos de conducir a una recesión en 2020. Esta tesis es la que sostiene el informe de Freemarket CI . Quizá parezca alarmista, como se consideraron desmesuradas sus predicciones de una profunda y larga fase recesiva cuando estalló la crisis financiera en 2007, pero no ha de ser descartada. De hecho, su materialización se ve fortalecida por el acuerdo cerrado entre el Gobierno y Podemos.

En dicha alianza, las escasas partidas cuantificadas de su programa suponen un aumento del gasto público de 4.652 millones de euros . Sin embargo, se guarda silencio sobre otras políticas que también lo elevarían. Así, la supresión del copago de los medicamentos a los pensionistas tiene un coste de partida de 400 millones euros/año que presentará una trayectoria alcista a medida que se incrementa el número de jubilados. La devolución de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes ilegales tendrá un importe mínimo de 1.000 millones de euros, la cuantía de su último año de vigencia. Ambas medidas tienen naturaleza estructural. Ello supone aceptar esa cifra en términos estáticos y no tener en cuenta el indudable efecto llamada que la medida tendrá sobre ese tipo de inmigración. Solo esos dos programas elevarían el importe presupuestario total del pacto Gobierno-Podemos a 6.952 millones en 2019. Si se ejecutan otros presupuestos de gastos se llegaría a un importe aproximado de 9.000 millones .

Sin embargo, la evolución favorable de la economía española este año no puede hacer olvidar el grave deterioro del balance estructural. La disminución del desequilibrio de las finanzas públicas españolas en el período 2013-2019, si se asumen las proyecciones gubernamentales para este ejercicio y para el próximo, se deberá a la mejora del balance cíclico -mayor recaudación y menor gasto por desempleo- y al descenso de la carga de los intereses de la deuda, suposición poco probable vista la evolución de la prima de riesgo española. Ahora bien, esta mejoría de las cuentas públicas se ha visto acompañada por un aumento del déficit estructural hasta el 3,3% del PIB .

En definitiva, España no cumple su restricción presupuestaria intertemporal. Para restaurarla, el valor neto presente de todos los futuros saldos presupuestarios primarios -ingresos-gastos sin contar la carga de intereses de la deuda- debería ser igual al valor neto presente de la deuda neta. Esto implica que o bien la política fiscal adopta un tono restrictivo o bien la solvencia del país se pondrá en cuestión, antes o después. Ya que ante la política fiscal y presupuestaria en curso, la hipótesis de una crisis fiscal dependerá sólo del sentimiento de los mercados; es decir, de un factor que escapa al control del Gobierno.