La banca tendrá que pagar 420 millones para salvar 28.000 en garantías fiscales

Las entidades financieras tienen unos gastos que reducen sus beneficios pero que, por ley, no se podían desgravar en el impuesto de Sociedades, lo que significa que pagaban más impuestos de los que deberían. Por ello, los ministerios de Hacienda y Economía reconocieron en 2013 por real decreto el derecho a guardarse esos gastos y utilizarlos en el futuro para reducir los impuestos que deberán pagar por los beneficios de los próximos años. Es lo que se conoce como activos fiscales diferidos , y se generan básicamente por registrar pérdidas anuales en lugar de beneficios, por las provisiones que tienen que realizar los bancos para cubrir el riesgo de pérdidas de sus créditos en el futuro y por las aportaciones que hacen a planes de pensiones para sus empleados.

Los bancos llegaron a generar por esa vía avales por casi 41.000 millones de euros que además computaban como capital de máxima calidad de cara a cumplir con los nuevos requisitos de solvencia. Sin embargo, la Comisión Europea pidió información a España y a otros países con un sistema similar, como Portugal, Italia y Grecia , por si esto pudiese constituir una ayuda pública. Para zanjar la investigación, el Gobierno ha decidido modificar su tratamiento en el impuesto de Sociedades mediante una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para 2016 por la cual las entidades tendrán que tributar por esos activos.

En concreto, las entidades podrán seguir generando y computando estos activos fiscales sin tributar por ellos siempre y cuando en el año en que los generen hayan obtenido beneficios y por tanto pagado impuestos. En cambio, si están en pérdidas y consecuentemente no han tributado vía Sociedades, no podrán usarlos. En esta última situación se encuentran unos 28.000 millones de esos casi 41.000 millones generados entre 2008 y 2015. Para salvarlos, pues los bancos habían hecho sus planes de capital con ellos, y a la vez zanjar las dudas de Bruselas , las entidades que quieran mantenerlos deberán pagar por ellos una tasa del 1,5% a partir de enero de 2016. Eso sí, a partir de esa fecha ya no se podrán generan más créditos fiscales cuando se esté en pérdidas. Es decir, los de esta clase irán desapareciendo poco a poco.

«Esto permite eliminar cualquier tipo de incertidumbre soble el sistema anterior» , señalan fuentes del Ejecutivo popular, explciando además que esta solución está consensuada con las autoridades comunitarias y por tanto cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea.