Hacienda justifica por qué no inspeccionó a los españoles de la «lista Falciani»

Entre los españoles que tenían patrimonio por regularizar estaba la familia Botín. En ese momento José Luis Rodríguez Zapatero era el presidente del Gobierno. La oposición de entonces criticó el procedimiento y lo tildó de «amnistía Falciani» ya que no se condenó a los defraudadores por delito fiscal. Ahora el Juzgado de Instrucción número 37 investiga estos hechos en un proceso en el que están imputados dos exdirectores de Inspección y Gestión de la agencia.

En el informe al que ha tenido acceso ABC, el organismo alega que al transmitirle la lista las autoridades francesas –con 1.972 fichas de las que identificó 1.800–, la Administración helvética no colaboró con España para atestiguar la veracidad de la lista Falciani. Suiza se negó a cooperar, en parte, porque los datos eran robados. Por ello, la agencia dudó de que los datos pudieran ser utilizados como pruebas . «En este estadio preliminar en el que se produce la decisión del modo de proceder sobre los obligados tributarios, existían dudas sobre la posible no fiabilidad o no veracidad de la información disponible », admite el informe.

La premura para actuar ante la amenaza de que prescribieran las deudas tributarias del año 2005 de los incluidos en la lista Falciani fue el otro eje que indujo a Hacienda a intentar solventar la situación cuanto antes. La información sobre poseedores de cuentas en HSBC era relativa a los ejercicios 2005 y 2006 . Si la agencia recibe los datos el 26 de mayo de 2010, como defiende en el informe, solo restaban 36 días para que prescribieran los delitos del año 2005 (el 30 de junio), lo que empujó al organismo a instar a 659 incluidos en la lista a regularizar su situación .

De ellos, sólo se logró encontrar a 558 , por lo que 101 prescribieron. Los dos exdirectores de Inspección y Gestión imputados concretaron un plan de urgencia en el que procedió a iniciar un procedimiento inspector a posteriori sobre 545 de los 558.

Sin embargo, el sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), que interpuso la querella contra los exdirectores de Inspección y Gestión ahora imputados, critica la actuación de la Agencia Tributaria. En opinión de su secretario general, José María Mollinedo, los datos que recibió el organismo «más que sospechas, eran oro molido, con cientos de millones defraudados y por tanto la Agencia Tributaria debería haber perseguido a los implicados desde el principio» .