El Gobierno estudia devolver a los funcionarios parte o lo que resta de la paga extra

El objetivo del Gobierno que preside Mariano Rajoy es devolver una parte del esfuerzo a uno de los colectivos que mayores recortes han encajado durante la crisis, describen estas fuentes.

Trabajar en los presupuestos

La devolución de la extraordinaria, que tendría un coste de unos 700 millones de euros , se enmarca dentro de la nueva estrategia del Gobierno antes de los próximos comicios generales, tras la caída de votos en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Hacienda trabaja ya en los Presupuestos Generales de 2016, y analiza el coste de la medida. El 25% de la mensualidad que se suprimió en 2012 a los empleados públicos ya se devolvió el pasado mes de enero.

Para descongelar el capítulo de mejoras salariales, Hacienda reabrió hace dos semanas las negociaciones con los sindicatos del personal público, tras meses sin encuentros. En la mesa estaban las centrales sindicales –CC.OO., UGT y CSIF– y la directora de función pública, Elena Collado.

El encuentro sirvió de preparación para la mesa sindical que se celebrará el próximo 16 de julio. Fuentes sindicales señalan que por el momento, el Ministerio de Hacienda no les ha remitido ninguna propuesta oficial y que hasta el momento no les ha hecho llegar ningún compromiso. "Hay propuesta oficiosas, pero no oficiales", lamentan.

Otras fuentes cercanas a las partes negociadoras reconocen que el Ejecutivo ha abierto un proceso de diálogo "con buena voluntad" y que el espíritu es devolver la extra que fue anulada a los funcionarios.

Durante la negociación también se planteó elevar la tasa de reposición de la función pública . Los relevos por jubilaciones son ahora del 50% en algunos servicios especiales (como educación) y del 20% para el resto.

El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció hace un mes una reforma legal para facilitar la conversión de contratos temporales en fijos en las empresas públicas como un primer gesto a los trabajadores del Estado. Los sindicatos de la función pública recuerdan que los funcionarios han perdido un 30% de poder adquisitivo desde que comenzó la crisis y piden trasladar en un documento los compromisos del Ejecutivo.

El sindicato pedirá asimismo medidas para corregir la vulneración de la Carta Social Europea denunciada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, que en un informe del pasado mes de enero afirmaba que "el salario de los trabajadores contratados de la Función Pública no basta para asegurar un nivel de vida decente", en referencia a las retribuciones de los grupos que no alcanzan el 50% del salario medio neto. "El Gobierno ha infligido importantes recortes a todos los empleados públicos, incluidos los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE)", ha denunciado el sindicato, que calcula que la supresión de la paga 2012 supuso un recorte de unos 5.210 millones de euros.

En la actualidad hay unos 2,5 millones de funcionarios de los que 540.658 están a cargo de la Administración central.