Multa histórica a las grandes constructoras por repartirse el negocio de las basuras

«Se trataba de una práctica generalizada», explican fuentes de la CNMC, quienes detallan que la investigación comenzó en 2012 con la apertura de un expediente en las Islas Baleares, a partir del cual fueron derivando un número elevado de infracciones. Su perjuicio, subrayan desde la organización presidida por José María Marín Quemada, es «doble», ya que al estar ligado a contratos públicos «afecta también a los contribuyentes».

Estas prácticas se materializaron en «el compromiso de respetar los clientes respectivos, tanto públicos como privados; el reparto de nuevos clientes; el intercambio de información comercialmente sensible (clientes, ofertas presentadas, etcétera); el reparto de las licitaciones públicas a través de la presentación de ofertas conjuntas bajo UTE (unión temporal de las empresas) o de la no concurrencia en una parte de la licitación a cambio de la posterior participación en dichas actividades», subraya el organismo en un comunicado, que también pone el acento sobre tres asociaciones por facilitar la coordinación de estas actuaciones y emitir recomendaciones colectivas.

En concreto, son tres los sectores que aborda la investigación: la gestión de residuos industriales, la recuperación de papel y cartón y el saneamiento urbano. En el primer caso, la CNMC considera acreditado «el reparto de clientes entre las entidades involucradas y los pactos de no agresión». En el segundo, también se detectaron «contactos bilaterales» que tuvieron como protagonista, sobre todo, a la empresa Saica Natur y sus filiales. Así, el organismo destaca también que las principales empresas del sector se presentaron conjuntamente desde el año 2000, por medio de la asociación sectorial AREMA, a las licitaciones de venta de papel reciclado efectuadas por el Ayuntamiento de Madrid, «lo cual supuso unos menores ingresos» para el consistorio de la capital española «en relación con otros ayuntamientos de España».

El ayuntamiento madrileño es uno de los más afectados: entre los años 2011 y 2013, la CNMC identificó prácticas anticompetitivas en los contratos de limpieza de las calles y jardinería (en las que están implicadas FCC, Cespa y Urbaser), en los contratos de residuos urbanos de la periferia de Madrid (FCC, Cespa y Urbaser, de nuevo) y en el contrato de explotación de dos plantas en el parque tecnológico de Valdemingómez (Cespa, Urbaser y Valoriza, esta última filial de Sacyr). Las irregularidades en las actividades de saneamiento urbano se extendían, sin embargo, por todo el territorio español, observándose en licitaciones públicas de zonas como Málaga, Ceuta, Melilla y País Vasco.

El importe de la sanción corresponde al 3% de la facturación anual de los contratos de cada empresa. Fuentes de la CNMC destacan que en los últimos ejercicios se han disparado los casos de cártel, que en los últimos ocho años se elevan a 27, mientras que de los años 90 a 2000 solo se contabilizaron 10, y que el importe de la multa es inferior al perjuicio provocado por las prácticas anticompetitivas. «El daño económico ha sido superior».