Cómo se descubrieron las tarjetas «B» de Caja Madrid y otras claves del escándalo

¿Cuándo empieza la caja a usar estas tarjetas en «B»?

La auditoría interna de BFA-Bankia tiene constancia de pagos con dos tipos de tarjetas «opacas» («Business Oro EMV» y «Business Plata EMV») entre 2003 y 2012. Sin embargo, algunos exdirectivos de Caja Madrid desvelaron ayer que ese sistema se implantó en 1988, bajo la presidencia de Jaime Terceiro.

¿Quién se encargaba de su emisión y gestión?

Al menos desde 2003 fue Ildefonso Sánchez-Barcoj, «número dos» de Miguel Blesa en la caja, el que se encargaba de gestionarlas. Lo hacía a través de sus secretarias, que enviaban las órdenes de emisión de nuevos plásticos, fijación de nuevos límites o cancelación al departamento de tarjetas.

¿Ningún directivo puso objeciones a su uso?

De los 86 exdirectivos de los que se tiene constancia que disponían de tarjeta, tres de ellos no la llegaron a usar nunca. Se trata de Félix Manuel Sánchez, Íñigo María Aldaz y Esteban Tejera. Para las autoridades, esto evidencia que sí había consejeros y ejecutivos conscientes de que emplear esas tarjetas era irregular o al menos indebido.

¿Quién empieza a investigar su uso?

Tras el rescate de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri asumió la presidencia de la entidad con el encargo de sanearla y reflotar su negocio. Como parte de esa tarea, ordenó a su equipo levantar las alfombras en busca de operaciones dudosas. De esa forma llegan al departamento de auditoría interna de la entidad indicios de que altos cargos hacían cargos sospechosos a las cuentas del grupo. De hecho, los exdirectivos cuentan ahora que el uso de estas tarjetas era vox pópuli.

¿Cómo reacciona Bankia ante el caso?

Tras encontrar esos cargos sin justificar, Bankia solicita a los cuatro exdirectivos (Rato, Barcoj, Norniella y Amat) que usaron esas tarjetas en la etapa de BFA-Bankia que expliquen esos gastos. Ante la imposibilidad de hacerlo, devuelven ese dinero. Eso lleva a la entidad a confirmar que se trata de movimientos «opacos» y, tras solicitar un informe jurídico a la firma de abogados Herbert Smith Freehills, da cuenta al FROB. El órgano público de rescate bancario ve también posibles irregularidades y traslada el caso a la Fiscalía, que ha pedido al juez investigarlo.