Liquidar las radiales costaría 5.000 millones de euros al Estado

El presidente de la patronal de las mayores empresas de construcción y las concesionarias (Seopan), Julián Núñez, avanzó ayer que optar por la disolución de las nueve empresas conllevaría un coste para las arcas públicas cercano a los 5.000 millones de euros. «El activo pendiente de amortizar en las nueve sociedades es de 5.100 millones de euros», explicó el representante de estas compañías, quien añadió, a renglón seguido, que el importe de la creación de la sociedad resultaría «cero» para el erario público.

Esta medida, argumentó, no solo sería más costosa, sino que además abriría la puerta a «un enfrentamiento judicial con las principales empresas del sector» que «durará varios años», algo que dañaría a la imagen del país como destino de inversión para los fondos y sociedades internacionales dispuestas a participar en proyectos de colaboración público-privada.

El «lobby» constructor no tira la toalla y espera alcanzar un acuerdo en menos de treinta días con Fomento. Además, detalló que una de las propuestas que el equipo de Ana Pastor tiene sobre la mesa es la creación de una sociedad con el 100% de titularidad estatal, frente al 80% que contemplaba la oferta inicial. Es decir, la sociedad resultante estaría participada por el Estado, lo que permitiría evitar la consideración por parte de la UE de la medida como una «ayuda» pública a una serie de compañías privadas.

Núñez negó tajantemente que se trate de un «rescate» y reconoció que 1.830 millones que las compañías abonaron en concepto de sobrecostes por la expropiación de terrenos «está perdidos ya». No así con 473 millones de euros que se destinaron a inversiones en las red libre de peaje (M-50) y que, según recalcaron desde la patronal de la construcción, se encuentran reconocidos por el Estado.