El CES pide al Gobierno que medite sobre desligar las pensiones del IPC

El dictamen, aprobado hoy en el pleno del CES por 43 votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones, señala que un índice de revalorización vinculado a los ingresos y gastos del sistema plantea dudas, ya que provocará pérdidas del poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, «que en principio no llegarían a recuperarse» . Burgos ha indicado que la reforma está diseñada para dotar de sosteniblidad al sistema y para transmitir tranquilidad a los pensionista de hoy y de mañana.

Esto, a su juicio, se consigue con un modelo sostenible y no con dictámenes ni con declaraciones «más o menos» grandilocuentes, si bien ha incidido en que se atenderán los elementos positivos que pueda aportar cualquier informe. El secretario de Estado ha asegurado que el modelo del Ejecutivo es muy completo y que atiende no sólo a los cambios en la esperanza de vida, sino a otras variables básicas como los ingresos y gastos del propio sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, el CES considera que el factor de sostenibilidad no se ajusta «ni en la formulación concreta ni en el plazo previsto para su entrada en vigor» a lo establecido en la Ley 27 de 2011 y critica que la esperanza de vida sea el único parámetro utilizado en su cálculo. Además, el CES muestra su preocupación por los efectos de la «automaticidad» de la aplicación del factor de sostenibilidad, «basado exclusivamente en la evolución de la esperanza de vida».

Por ello, pide que se combine con la evolución de otras variables con incidencia positiva sobre los ingresos, como el empleo, la actividad económica o la participación laboral. También pide que dentro del diálogo social y de la comisión del Pacto de Toledo se lleve a cabo una «profunda» reflexión para estudiar alternativas de financiación del sistema que contribuyan a su sostenibilidad y suficiencia.

Tras la reunión del CES, su presidente, Marcos Peña , ha mostrado su satisfacción por el amplio respaldo al dictamen sobre el anteproyecto de ley que reformará las pensiones y ha subrayado que ha recibido un «consenso impensable». Por parte de CCOO, Carlos Bravo también ha destacado el consenso alcanzado en el dictamen y el hecho de que empresarios y organizaciones sociales se hayan puesto de acuerdo en la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de la pensiones.

En el mismo sentido se ha expresado el secretario de Política Institucional de UGT, Frederic Monell, para quien lo más importante es que el dictamen señala que hay que preservar el poder adquisitivo, a pesar de que no recoge al cien por cien la postura del sindicato. El vicepresidente de la CEOE Javier Ferrer ha señalado que la unanimidad en torno al dictamen no era fácil dado el breve plazo de tiempo que han tenido y ha dicho que la postura de la patronal pasa también por mantener el poder adquisitivo de las pensiones «siempre que se pueda mantener». Por parte del grupo de expertos que integran el CES, el economista Juan Iranzo ha justificado su disconformidad con el dictamen en que es imprescindible buscar fórmulas que equilibren el sistema.