El juez Ruz imputa al hijo y al hermano del presidente de Pescanova en la causa por el falseamiento de las cuentas

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha admitido a trámite la querella presentada por la entidad Luxempart, una sociedad accionista y consejera de la firma gallega que denuncia haber sufrido pérdidas de 52.061.445 euros como consecuencia de diferentes inversiones realizadas en Pescanova durante los años 2011 y 2012 que fueron inducidas por la información proporcionada por los consejeros y altos directivos contra quienes se han querellado.

Los nuevos imputados son Pablo Javier Fernández Andrade, hijo del presidente de la compañía y exdirector general en Inverpesca S.A.; Fernando Fernández de Sousa-Faro, hermano del presidente de Pescanova y miembro de la comisión de Auditoría y representante del consejero ICS Holding LTD; y Robert Albert Williams, consejero y miembro de la comisión de Auditoría. También se encuentran Jesús García García, representante del consejero Sociedad Gallega de Importación de Carbones S.A.; Joaquín Viña Tamargo, responsable de Auditoría Interna y relaciones con los inversores; Antonio Táboas Moure, director financiero; y Alfredo López Rusos, director de Administración. La acción judicial se dirige además contra las sociedades ICS Holding Limited, Inverpesca S.A., Inverlema S.L y Sociedad Gallega de Importación y Exportación de Carbones S.A.

El magistrado, que recuerda que los hechos denunciados por Luxempart coinciden en gran parte con los expuesto por la Fiscalía y el resto de querellantes, admite a trámite la querella por presuntos delitos falseamiento de de información económica-financiera, falseamiento de cuentas anuales, y estafa, sin perjuicio de la definitiva calificación jurídica de los hechos que resulte de la instrucción de la causa. La acusación particular denuncia que estos directivos, "con conciencia de su falsedad", presentaron "una imagen económica y patrimonial positiva de Pescanova y de su grupo de sociedades, cuando meses después la misma fue declarada en concurso de acreedores".

Información sobre los trabajos de auditoría

En un auto, dado a conocer este viernes, el juez solicita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas copia certificada de cualquier informe, expediente informativo o sancionador o actuaciones de control técnico que haya incoado en relación con los trabajos de auditoría de cuentas de Pescanova por parte de BDO Auditores S.L. o cualquiera de sus socios. Entre las diligencias interesadas por la parte y siguiendo el dictamen emitido por el Ministerio Fiscal, el juez pide también al Banco de España que certifique el importe de todos los préstamos, créditos, avales y riesgos que Pescanova y su grupo de empresas mantenga con entidades financieras desde el 1 de enero de 2010 hasta el 28 de febrero de 2013, desglosando su composición por identidad del acreedor, importe, capital amortizado, fecha de origen y fecha de vencimiento.

En relación con las medidas cautelares para asegurar las responsabilidades pecuniarias a las que pudieran hacer frente los querellados, Ruz afirma que ello ser resolverá tras tomar declaración a los mismos sin perjuicio de lo que procediera acordar en su caso con anterioridad a instancia del Ministerio Público.

Venta de acciones

Fue el pasado mayo cuando Ruz se declaró competente para conocer de los hechos e imputó al presidente de la firma gallega, Manuel Fernández de Sousa-Faro, a otros tres directivos de la entidad y al grupo alimentario como persona jurídica por falsear sus cuentas anuales y utilizar información relevante. Además de Fernández de Sousa-Faro, el magistrado imputó al consejero Alfonso Paz-Andrade por los delitos de falseamiento de información económico-financiera, falseamiento de las cuentas anuales y uso de información relevante.

Este último delito también lo atribuye a los accionistas José Alberto Barreras y José Antonio Pérez-Nievas y seis empresas accionistas de la compañía. Ruz aseguró que los administradores de Pescanova "valiéndose de la información reflejada en las cuentas anuales (...) que no se ajustaba a la realidad" proporcionaron públicamente una imagen irreal de la situación económica de la empresa, lo que condujo a los querellantes a adquirir paquetes de acciones. Concretó que entre los meses de agosto de 2012 y enero de 2013 varios analistas financieros recomendaron la inversión en estos valores en base a estos datos falsos.

Añadió que las cuentas anuales de 2008, 2010 y 2011, los folletos informativos y otros informes financieros "no reflejaban la imagen fiel" de la compañía como se deduce del hecho de que sólo unos meses después su presidente comunicara a la CNMV su decisión de no formular sus cuentas de 2012 y manifestara sus dudas sobre la propia continuidad de la empresa. El pasado mes de marzo quedó suspendida la cotización de la acción y en abril, Pescanova solicitó la declaración de concurso de acreedores. Los querellantes denunciaron que algunos de los querellados vendieron acciones de la multinacional pesquera antes de que su situación económica se diera a conocer públicamente "con el fin de evitar pérdidas en sus patrimonios personales y plenamente conocedores de la verdadera situación económica de la entidad".