El nuevo plan de pago a proveedores incluye a las ONG

"Estoy hablando de entidades que apoyan sectores tan importantes como la Dependencia, la Tercera Edad, la Discapacidad o la infancia, y lo que permite es que puedan utilizar esta liquidez que da el decreto ley para poder apoyar a este Tercer Sector que tiene todavía deudas pendientes de las administraciones", ha señalado. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, principal promotor de esta iniciativa, ha concretado que el dinero se repartirá dando prioridad a las organizaciones especializadas en familia e infancia, mayores, discapacidad y dependencia, que deberán acreditar la deuda pendiente al solicitar la ayuda.

Sí ha señalado que los fondos, articulados en forma de 'Plan Social de Apoyo a ONG', servirán para que las entidades cubran las deudas que a su vez hayan contraído por los impagos de las administraciones autonómicas y locales, al tiempo que reactivarán el Tercer Sector en España, posibilitando que "miles de trabajadores podrán cobrar sus nóminas". Además, la ministra Ana Mato espera que sirva para "paliar situaciones de riesgo de exclusión social", dado que esta inyección de liquidez se suma a los 211 millones de euros donados por los ciudadanos que el año pasado marcaron la casilla de fines sociales en la declaración de la renta, un dinero que su departamento reparte este año entre organizaciones sociales de ámbito estatal.

Datos medios

Por otra parte, Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que se va a obligar a las administraciones a publicar los "periodos medios de pago a los proveedores ", de manera que tendrán que "prever un plan de tesorería" para garantizar dichas etapas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría se ha referido al "paquete en la lucha contra la morosidad" que hoy ha aprobado el Gobierno, dentro del cual se ha acordado el anteproyecto de ley orgánica de control de la deuda comercial del sector público, que se remitirá al Consejo de Estado.

La vicepresidenta ha dicho que se trata de una reforma que busca combatir la persistente situación de morosidad entre las administraciones públicas que pueden conllevar a riesgos de sostenibilidad financiera". En este sentido, ha dicho que será obligatorio "publicar los periodos medios de pago a los proveedores " y se establecerán distintas fases para cumplir con la exigencia legal del pago en 30 días con carácter progresivo, "con medidas de información y corrección".