Los empleos a tiempo parcial cobrarán pensión con menos de 15 años cotizados

Desde hace varios meses el Gobierno y los agentes sociales buscan soluciones a la exigencia de los tribunales , aunque los responsables del Ministerio de Empleo ya han enseñado sus cartas. Creen necesario modular o reducir el número de años exigido a este colectivo para acceder a una pensión, lo que implica en la práctica rebajar la exigencia de 15 años cotizados para cobrar jubilación. La jornada laboral realizada podría servir para hacer ese cálculo; a menor jornada, menor exigencia de años cotizados.

Afecta más a mujeres

Entendía el Tribunal Constitucional que el empleado a tiempo parcial necesita trabajar mucho más que otro con jornada completa para cubrir esos 15 años mínimos que dan derecho a percibir una pensión. Una situación más negativa para las mujeres, teniendo en cuenta que son ellas las que copan, de forma mayoritaria, este tipo de contrataciones en nuestro país.

Pero no sería el único cambio en el acceso a la pensión de los trabajadores a tiempo parcial. También defiende el Ejecutivo modificaciones en el cálculo de la cuantía de la pensión para «no menoscabar el principio de contributividad del sistema», que persigue que las pensiones que se cobran reflejen el esfuerzo de cotización personal de cada uno, evitar que alguien perciba más de lo que ha aportado durante su vida laboral.

Esta modificación implicaría en la práctica tener en cuenta la cotización individual de cada trabajador. La base reguladora responderá al promedio de las bases de cotización del interesado, y sobre ella se aplicará un coeficiente específico que module en función de las horas efectivamente trabajadas.

Impacto de 1.900 millones

Las dos sentencias abrieron una brecha sin precedentes en el sistema público de pensiones en un momento en el que lucha contra la crisis económica y el aumento del desempleo. Y es que los fallos obligan a equiparar esas pensiones a tiempo parcial a la mínima del sistema, utilizar los denominados «complementos a mínimos» (cantidades que abona el Estado a los beneficiarios de una pensión que no alcance el umbral mínimo), independientemente de que la pensión fuera por cotizaciones a tiempo completo o parcial. Una directriz que de acatarse sin más implicaría un gasto extra para la Seguridad Social 1.900 millones de euros.

A la espera de las modificaciones que perfilan Gobierno y sindicatos, las sentencias dejan cualquier decisión en manos de los jueces, que tendrán que responder a las demandas que se presenten en este sentido, una situación que puede generar inseguridad jurídica.