La prensa tiene un precio (para Google)

El director general de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), José Gabriel González Arias, afirma que lo que piden es «un marco regulatorio por el que los buscadores que enlacen nuestros contenidos tengan que pagar un precio». La asociación destaca que los medios invierten grandes cantidades para producir dichos contenidos y que Google los aprovecha para ganar dinero: al tener más tráfico, tiene más fuerza para negociar la publicidad. «El redireccionador del tráfico se queda cada año con aproximadamente el 60% de los ingresos que produce este nuevo medio. Esta perspectiva es la que nos parece desajustada en mercado», opina Luis Enríquez, presidente de AEDE.

Pero el gigante tecnológico se defiende. Según Google, a los medios les conviene aparecer en el buscador porque ganan visitas a sus páginas. Y si no quieren aparecer, tienen capacidad para evitarlo a través de la tecnología llamada robot.txt. Una tesis que comparte el abogado Javier Aparicio, socio-partner del despacho Cuatrecasas en el departamento de propiedad intelectual e industrial, quien considera que «es un aspecto técnico. Si (los editores) no impiden el acceso, lo hacen voluntariamente». Por ello, el abogado cree que no existe infracción de derechos y que la mejor forma de arreglar el conflicto sería en el mercado, a través de pactos: «No me parece bien que el Gobierno se meta a resolver estos temas».

Santiago Mediano, socio fundador y presidente de la firma de abogados Santiago Mediano, cree que lo razonable es alcanzar «un sistema en el que todos se beneficien y haya un reparto equilibrado de derechos». Una postura que conecta con la filosofía de los derechos de propiedad intelectual: los beneficios económicos que reciben los creadores (músicos, actores, escritores) buscan incentivar estas industrias para no paralizar el progreso cultural. «Si desincentivamos a esas industrias, ¿quién va a generar luego esos contenidos?», se pregunta el abogado. Por ello, en opinión de Mediano, «las empresas que generan los contenidos (en este caso, los editores) tienen que poder beneficiarse de la explotación de los mismos». Pero este pago, matiza, no debe ser una cantidad tan alta «que se convierta en una barrera de entrada para las empresas que quieran competir con los grandes motores de búsqueda» como Google.

Aparicio va más allá al rechazar la aprobación del canon: en su opinión, esta fórmula de «café para todos» elimina la decisión individual de cada operador económico sobre el desarrollo de su negocio. Es decir, «ningún medio tendrá la posibilidad de decidir que no quiere que se le indexe, y ningún buscador podrá llegar a acuerdos sobre la indexación; ya que estarán eclipsados por el derecho económico que van a tener que abonar». Este conflicto, según Aparicio, debería arreglarse a través de acuerdos privados.

Pactos como los que ha habido en Francia, Bélgica o Brasil. Una solución que no contemplan los editores españoles y que, en cualquier caso, «tienen que ser supervisados por las autoridades de competencia», añade Mediano. Según este abogado, si no se vigilan, estos pactos «pueden expulsar a compañías del mercado». El director general de AEDE opina que el pacto francés (un fondo de 60 millones para ayudar a la digitalización de la prensa) deja muchas dudas: cómo se reparte el fondo, qué criterios utiliza Google para aprobar los proyectos, qué pasa después del acuerdo. Y no responde a su reivindicación: el reconocimiento de que Google debe pagar por aprovechar sus contenidos a través de una licencia, el objetivo que busca evitar Google con los acuerdos. La convivencia entre dos eras está por arreglar.