El Gobierno aprueba hoy la autoridad fiscal independiente que exige Bruselas

Según un informe que el ministro de Hacienda presentó el pasado mes de marzo al resto del Ejecutivo, entre las funciones de la nueva autoridad fiscal estarán la de analizar, asesorar y hacer un seguimiento de la política fiscal para garantizar que las administraciones no se desvían de los objetivos fijados.

Eso sí, los límites y techos de déficit los seguirá marcando el Ministerio de Hacienda, dentro siempre de las exigencias europeas, especialmente ahora que España está inmersa en un procedimiento de déficit excesivo, y es Bruselas quien marca la senda para volver a la estabilidad presupuestaria.

El organismo tendrá personalidad jurídica propia, plena capacidad pública y privada y gozará del régimen patrimonial y de contratación propio del sector público.

Para el diseño de esta nueva figura el Gobierno de Mariano Rajoy se ha basado en entidades similares que existen en otros países, como la Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos. La creación de este nuevo organismo se enmarca dentro del Plan Nacional de Reformas que el Ejecutivo se ha comprometido a poner en marcha y uno de cuyos principales objetivos es mejorar la gobernanza económica, aumentando el control y la disciplina de todas las administraciones.

Tras la reforma constitucional para incluir en la Carta Magna los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, pactada por PP y PSOE en agosto de 2011, con el Gobierno de Rodríguez Zapatero, el Ejecutivo del PP aprobó una ley orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para dotar al Gobierno central de los instrumentos necesarios para poder controlar a las administraciones territoriales.

Las cuentas autonómicas han sido en los momentos más críticos de la crisis de deuda la principal fuente de desconfianza entre los inversores, que se cuestionaban la capacidad del Gobierno central de meter en vereda a los ejecutivos regionales. Con esta nueva ley en marcha, que permite incluso la intervención por parte del Estado de las autonomías que incumplen sus objetivos y no hacen los recortes necesarios, la mayoría de los gobiernos regionales se han apretado el cinturón y mejorado cuantitativamente sus números rojos.

El Ministerio de Hacienda espera que la nueva autoridad fiscal, cuyo presidente será elegido una vez que el proyecto de ley reciba la luz verde del Congreso y del Senado, sirva para reforzar este control de las administraciones territoriales, así como la confianza de los inversores en nuestro país.

Esta monitorización de la actuación de las comunidades autónomas, similar a la que las autoridades europeas ejercen con España, está siendo acompañada por medidas como el plan de proveedores o el FLA, que permiten a los gobiernos autonómicos pagar sus facturas.