Piden inhabilitar 15 años al juez al que solicitaron ayuda Villar y Escañuela

Para entender este intrincado caso de corruptelas, filtraciones y venganzas tenemos que remontarnos a julio de 2015. Acosado por las irregularidades en su gestión -que había ido destapando ABC desde un año antes- y enfrentado a los principales tenistas profesionales, José Luis Escañuela dimite como presidente de la Federación de Tenis. Pocos meses después, en septiembre, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le inhabilita de sus cargos. Y Escañuela emprende una cruzada contra el entonces secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, al que culpa de su caída.

Escañuela presenta contra Cardenal una querella porque considera que había habido un trato discriminatorio contra él por parte del Consejo Superior de Deportes. Básicamente, se quejaba de que mientras que a él le habían inhabilitado, nada se había hecho contra el entonces presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez , supuestamente más afín a la cúpula del CSD. Y el caso cae en el juzgado del juez Toro, que primero imputa a Cardenal en contra del criterio de la Fiscalía, luego archiva diligencias y finalmente abre otras contra los dirigentes de la Federación de Baloncesto. En dichas diligencias ya no estaba personado Escañuela. Terminaba ahí el recorrido judicial de su ataque a Cardenal. O no.

En un último salto con tirabuzón, Escañuela solicita a Toro que una a las actuaciones que ya había archivado una copia digitalizada de las diligencias abiertas contra el presidente de la Federación Española de Baloncesto. Esta petición es atendida por Toro el 9 de enero de 2017 «con conocimiento de su improcedencia», asegura ahora la Fiscalía, puesto que la adoptó «sin motivación alguna» y sin razón jurídica «explicable», al hacerlo «fuera de los cauces procesales usuales ya que dicho testimonio no podía influir en la decisión del recurso de reforma, ya resuelto, ni podría afectar a la resolución del recurso de apelación».

No quedó ahí la actuación supuestamente irregular de Toro, sino que posteriormente entregó a Escañuela una copia digitalizada de las diligencias . Lo hizo el 23 de enero de 2017 mediante una providencia en la que, según la Fiscalía, «no sólo no fundamenta la decisión de entrega del testimonio a quien no era parte en ese procedimiento, sino que también se dicta deliberadamente y a sabiendas de que dicha entrega supone una vulneración de los artículos 301 y 302 Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado el carácter reservado de las diligencias en fase de instrucción salvo para las partes personadas, condición que no tenía el señor Escañuela».

La copia digitalizada contenía, salvo las declaraciones de los investigados y testigos, la totalidad de las diligencias de la instrucción comprendidas en doce tomos y la documentación que Toro presentó con la querella original: auditorias, múltiples resguardos de compras realizadas con tarjeta visa, facturas de restaurantes, tiendas o agencias de viajes. A partir de la entrega de la copia digitalizada a Escañuela, empezaron a aparecer en diversos medios de comunicación todo tipo de detalles sobre las irregularidades en la Federación de Baloncesto . La publicación del sumario suponía un triunfo de consolación para Escañuela, pues permitía dañar la imagen pública de Cardenal, a quien seguía culpando de todos sus males.

¿Pero qué Escañuela habría pedido auxilio a Toro en su guerra contra Cardenal? Solo hay un nombre que vincula a ambas figuras: el del exsecretario de Estado para el Deporte entre 1993 y 1996, Rafael Cortés Elvira , amigo tanto del juez como del expresidente de la Federación de Tenis. Dicha amistad la reconoció el propio Toro cuando se planteó su posible renuncia al caso de José Luis Sáez y también se acredita en las actuaciones de la Operación Soule que investiga la corrupción en la Federación Española de Fútbol . Por su parte, Escañuela nombró seis años antes a Cortés Elvira presidente de la Fundación del Tenis Español, precisamente el organismo investigado por el TAD.

El Consejo General del Poder Judicial acordó en febrero la suspensión provisional de funciones de Juan Antonio Toro como consecuencia de la apertura de juicio oral por presuntos delitos de prevaricación y revelación de secretos. La suspensión provisional de funciones se mantendrá hasta tanto recaiga en la causa sentencia absolutoria.