El fiscal, contra la petición de Rosell de llevar el caso a los juzgados de Barcelona

En un escrito, el fiscal explica que la Audiencia es la encargada de perseguir los delitos cometidos en el extranjero y argumenta que es en Brasil donde se consuma la actuación irregular, porque es donde se firma el primer contrato para la contratación del delantero y a donde se envía el dinero, «tal y como lo acreditan las diferentes transferencias bancarias». El delito se consuma entonces porque es cuando el administrador ya no puede hacer nada para que el dinero vuelva a la sociedad, es decir al club azulgrana, explica el fiscal.

Además, el ministerio público alega que esta competencia «se ha reforzado» en el desarrollo de la investigación al aparecer tres delitos contra la Hacienda Pública por un total de 11,1 millones euros, repartidos entre tres ejercicios: los años 2011, 2013 y 2014. El magistrado ha atribuido los dos primeros a Rosell y el tercero al presidente actual, Josep María Bartomeu, considerando también responsable por todo ello al Barça, quien actúa a través de un representante procesal.

La complejidad de la instrucción, además de por esa cuantía, se deriva de la «existencia de sociedades interpuestas o vinculaciones internacionales», lo que acredita la existencia de «una trama» creada para cometer el fraude. Las actuaciones han exigido, entre otros pasos, la emisión de diversas comisiones rogatorias a instituciones internacionales.

Por esta causa, que investiga las supuestas irregularidades cometidas en los diferentes contratos firmados para fichar a Neymar, están imputados tanto Rosell como Bartomeu y el propio club. La investigación ha llegado a la conclusión de que el club escondió las cifras reales del fichaje, que en un principio sitúo en 57,1 millones de euros, a la opinión pública y que lo hizo a través de una estrategia llevada a cabo para dejar de pagar a Hacienda las retenciones oportunas. La Agencia Tributaria ha determinado que, sumando pagos e impuestos no abonados, el coste real del fichaje se eleva hasta los 94,89 millones de euros.