Última jornada de la acción de responsabilidad contra Laporta y su junta

Durante todo este tiempo, han intervenido testigos, peritos y abogados realizando sus conclusiones y el lunes se espera la intervención del letrado Xavier Arraut, último de los catorce abogados de la defensa, y del representante de la aseguradora Zúrich, sobre la que pesa también parte de la demanda del Barcelona ya que le pide 25 millones de euros por el seguro ampliado por la junta saliente para cubrir pérdidas.

La cuantía demandada por el Barcelona es de 47'6 millones de euros a la junta saliente de Joan Laporta, que afecta al expresidente y a dieciséis directivos. Dicha cantidad sale de la reformulación que emprendió la nueva junta , del ahora dimitido Sandro Rosell, quien a petición del nuevo vicepresidente de economía, Javier Faus, tomó las cuentas de la junta saliente y les dio la vuelta.

Laporta había presentado un informe de auditoría de unas cuentas cerradas con 11'1 millones de euros de beneficio, y tras la reformulación pasaron a ser un cierre de ejercicio con pérdidas que ascendía a 79'7 millones de euros, con un informe de auditoría en el que se presentaban siete excepciones, a la postre valoradas para pasar de unos números negros a otros rojos.

Estos siete ajustes han sido el motivo de discusión durante dos semanas en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, por donde han participado como testigos el expresidente Sandro Rosell, el actual mandatario del Barça, Josep Maria Bartomeu, el vicepresidente Javier Faus y el que fue director general de la Laporta en sus últimos años de mandato, Joan Oliver, entre otros, además del auditor Deloitte.

Tras la aportación de los testigos, el Barcelona presentó un perito y la parte demandada cinco, en un intercambio de argumentaciones del que sólo se desprendió que quizá la partida provisionada en el ajusta de Sogecable, establecida en 37'8 millones, podría rebajarse a cerca de 30, y que el Barcelona, como así admitió Oliver, se equivocó en no provisionar los 3'9 millones de caso Baena, al pensar que no habría recurso, como así fue.

En las conclusiones, el abogado del Barcelona, Fernando Cerdà, solicitó al juez que sentencie contra los demandados para que cubran las pérdidas, igual que contra la aseguradora Zúrich, después de que la junta saliente extendiese y ampliase un seguro de cobertura civil, que debería amparar como mínimo unas pérdidas por 25 millones de euros.

Los trece abogados que hasta ahora han expuesto sus conclusiones han solicitado al juez la desestimación total de la demanda, defendiendo diferentes puntos de vista, como que los socios que acudieron a la Asamblea de Compromisarios el 16 de octubre del 2010 no estaban suficientemente informados para votar la acción de responsabilidad, además de tachar de «mala fe» la actuación de la junta entrante y de que los asistentes a la reunión anual «estaban intoxicados» por supuesta información tendenciosa.

Por otra parte, la defensa ha argumentado al juez que no se puede aplicar contra la junta saliente una responsabilidad objetiva, debido a que la cosa juzgada no puede aplicar este tipo de responsabilidad, pues se está juzgando no una mala gestión, si no un desajuste en algunas partidas.

A la conclusión de esta décima y última jornada de la vista por el caso contra la junta de Laporta, el juez deberá dictar una sentencia para la cual no existe jurisprudencia, ya que desde la promulgación de la Ley del Deporte de 1990 nunca una junta había sido demandada por desajustes en la liquidación de una directiva saliente.

Si la sentencia de la demanda saliese antes de la asamblea de compromisario del próximo 18 de octubre, la resolución podría adquirir protagonismo, después de que durante algunos meses se llegase a debatir en el barcelonismo si la junta debería levantar la demanda o en el caso de ganarla, si debería eximir a los anteriores directivos del pago exigido.