La ley de consultas sigue adelante con el apoyo del PSC y el rechazo de PP y C's

De este modo, la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament ha aprobado este miércoles el texto de la ponencia de la ley de consultas con el apoyo de CiU, ERC, PSC, ICV-EUiA, CUP y el rechazo de PP y C's, informa Ep.

CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP han acordado también llevar conjuntamente el texto aprobado este miércoles al Consell de Garanties Estatutàries con el objetivo de que el órgano consultivo de la Generalitat avale la adecuación de la norma a la Constitución y el Estatut, mientras que PSC, PP y C's no descartan hacer lo propio por su cuenta.

Estos cuatro grupos son partidarios de que esta norma sirva para celebrar la consulta de autodeterminación prevista para el 9 de noviembre después de que el Congreso rechazase traspasar a la Generalitat la competencia para convocar referéndums, un extremo que PSC, PP y C's rechazan.

«No solo es una ley para el 9N, pero también es una ley para el 9N», ha resumido Josep Rull (CiU), que ha ensalzado el amplio consenso que ha suscitado la norma, y ha esgrimido que con mayorías tan amplias los catalanes podrán hacer todo lo que quieren para cambiar las cosas.

En declaraciones a los periodistas tras la votación, el diputado del PSC Ferran Pedret ha insistido en que «por muchas veces que lo repita Rull» la ley no sirve para la consulta de autodeterminación, y ha sostenido que, si el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la convoca en base a esta norma, demostrará que la desconoce.

El portavoz adjunto del PP, Santi Rodríguez, ha censurado que la norma no sea una herramienta de participación ciudadana sinó para la consulta soberanista, por lo que su grupo la ha rechazado: «No queremos ser partícipes de un engaño masivo al conjunto de la ciudadanía. Esta ley no sirve para el referéndum».

No se ha resuelto un mecanismo para que los catalanes empadronados en el resto de España puedan participar en las consultas, una posibilidad que los servicios jurídicos de la Cámara catalana desaconsejaron por ser muy difícil «jurídica y operativamente».

La ponencia establece también que las consultas no podrán preguntar sobre fiscalidad ni sobre presupuestos de la Generalitat ya aprobados, aunque si se podrá consultar sobre partidas que se quieran incorporar o quitar en futuros presupuestos.