La Generalitat elabora su propio informe proconsulta para responder a Margallo

Así lo ha anunciado en una entrevista en Catalunya Ràdio el conseller de Presidencia, Francesc Homs, quien ha emplazado al ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo, a enviar el documento de la Generalitat a todas las embajadas.

Según Homs, este texto es «una opinión que puede ser tenida en cuenta para hacerse una composición de lugar» sobre las demandas catalanas. Con este informe, ha apuntado Homs, la Generalitat quiere tratar de combatir las «expresiones fatídicas» y el tono del memorándum de Margallo con argumentos constructivos , y en este documento, el Ejecutivo catalán defiende la legitimidad democrática e histórica del «derecho a decidir».

El documento señala que los únicos que «imponen» en estos momentos son los del Gobierno: «Es cínico que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, diga que no dialoga en base a la imposición cuando los que imponen son ellos, porque el pueblo catalán no está en condiciones de imponer nada».

El texto, de 50 páginas, señala que con el proceso soberanista «nadie pretende romper los lazos con España, sino estrecharlos desde la libertad» y subraya que «la catalanidad no es una forma de antiespañolismo, como de manera malintencionada afirman algunos» ni es una apuesta «por el aislamiento o el conflicto, sino todo lo contrario».

El documento cuestiona la teoría del Gobierno de que Cataluña recuperó sus instituciones a través de la Constitución y el Estatut, al afirmar que la Generalitat existía antes de la Carta Magna y de la dictadura franquista.

El informe del gobierno catalán, escrito en castellano, resalta del memorando del Ministerio de Asuntos Exteriores su «completo desinterés por discernir las causas o razones que han conducido a la situación política» actual.

El documento resalta que el movimiento proconsulta es «pacífico e incluso festivo», «sin ningún trasfondo violento ni tenso», contando con ciudadanos catalano y castellanohablantes, personas representadas por tres cuartas partes del Parlament.

El texto lamenta el lenguaje «dramático» que usa el Ministerio de Exteriores para explicar el proceso, aunque no descarta como «posibilidad» que una Cataluña que se enfrente a un proceso de independencia pueda sufrir un cierto aislamiento.

En el texto se recuerda que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de 2006 supuso para gran parte de los catalanes una «verdadera vejación colectiva» y condujo a la «legítima intención de decidir su futuro».

El Govern denuncia que el Estado español «actúa a menudo de una manera lesiva para los intereses de los catalanes», por lo que sería «irresponsable» hoy «insistir» en una vía política del Estado de las Autonomías que ya «carece de recorrido».

El documento denuncia que el Gobierno rechaza la consulta alegando, entre otras cosas, una «determinada interpretación» de la Constitución. «La resolución de ese conflicto de derechos puede postergarse 'sine die' pero no desaparecerá mágicamente», sostiene el documento, que remarca que es «plausible pensar que sucederá más bien todo lo contrario».

En este sentido, recuerda referentes «sensibles» de España como la cuestión del abandono a su suerte de la provincia del Sahara Occidental en 1975; la visita en 2013 de inspectores europeos a Gibraltar para investigar el conflicto ese territorio o la situación de las vallas de Ceuta y Melilla.