La consulta imposible de Artur Mas

Dicho de otra manera: no es posible construir un marco legal para que Cataluña celebre un referendo independentista, pues una comunidad autónoma no puede decidir sobre asuntos que afectan a todo el territorio nacional.

La Constitución española, la misma que los nacionalistas invocan para reclamar la citada transferencia de competencias a través del artículo 150.2, es muy clara respecto a la soberanía nacional. Descartada esta vía, la Generalitat tiene la vista puesta en la ley catalana de consultas populares que se tramita actualmente en la Cámara autonómica, instrumento que quiere utilizar para convocar la consulta el 9 de noviembre.

Es cierto que este texto enmienda la ley aprobada por el Gobierno tripartito (PSC, ERC, ICV) y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) a petición del Ejecutivo del PSOE por invadir competencias estatales, pero el problema es, de nuevo, el uso que se quiere hacer de esa consulta, que no estará circunscrita a competencias autonómicas.

En principio, el PP no tiene intención de impugnar ante el TC esa ley, pero sí el decreto de convocatoria de la consulta independentista del 9 de noviembre, que está previsto para septiembre. Cuando el Gobierno presenta un recurso ante el TC, la suspensión cautelar del acto es inmediata. Ante la imposible legalidad del acto, al presidente catalán Artur Mas solo le queda adelantar las elecciones autonómicas para "consultar" a la ciudadanía, en este caso sí, de forma legal. Así lo confesó en su reciente entrevista en la BBC.

Mas siempre ha dejado la puerta abierta a avanzar elecciones (tocarían en 2016 y podrían adelantarse a la primavera de 2015) si el Estado impide el referendo. Sería la segunda vez en dos años que lo hace. Ante tal cúmulo de fracasos, el líder de CiU afrontaría el final de su carrera política, tal como le ocurrió al ex lendakari vasco, Juan José Ibarretxe, que adelantó elecciones cuando su plan separatista fue tumbado por el Congreso y perdió la presidencia en favor del PSE.