Oriol Pujol y su mujer, a un paso de sumar otra imputación, por cohecho

El fiscal acusa al hijo del expresidente de la Generalitat de cobrar, a través de su esposa, 30.000 euros pagados por los empresarios implicados en la causa, Ricard Puignou y Enric Marugán. Una contraprestación para que CDC presentara enmiendas en favor de los intereses de los empresarios a la Ley de Seguridad Industrial, que se aprobó en 2008, cuando gobernaba el tripartito.

Como prevé la ley del jurado (este caso lo juzgará un tribunal popular), y en un trámite previo a resolver sobre la imputación de Pujol, su esposa, y el empresario y amigo del dirigente convergente, Sergi Alsina, el magistrado instructor del TSJC, Enric Anglada, citó ayer a las defensas y acusaciones a una comparecencia. El motivo era que expusieran sus posiciones sobre la nueva imputación por cohecho que la Fiscalía planteó para ellos. Pujol y Alsina ya estaban imputados por tráfico de influencias en esta causa por intentar amañar una futura adjudicación de estaciones de ITV en 2010, cuando CiU estaba en la Generalitat.

Ante los periodistas, el abogado de Oriol Pujol y de su esposa, Javier Melero, asumió que en la práctica sus clientes están «de facto» imputados y esperan a que el juez los cite a declarar como tal después de Semana Santa. Formalmente, sin embargo, su imputación se concretará en un auto que el juez Anglada redactará en breve.

El pasado enero, Anglada ya consideró que existen «indicios racionales» de que Pujol y su esposa incurrieron en un soborno. Así lo afirmó en un auto en respuesta a un escrito de la Fiscalía Anticorrupción. El dinero llegó a Vidal a través del empresario Sergi Alsina, según se desprende de varios e-mails de los implicados. Durante la tramitación de la Ley de Seguridad, Alsina cobró 30.000 euros de Puignou. Paralelamente, el mismo año 2008, Anna Vidal facturó 46.000 euros en trabajos a una empresa de Alsina.